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Para la organización, la concentración de los poderes del Estado bajo la dirección del Ejecutivo se suma al papel de la PDDH, que «ha abandonado su misión» y se ha convertido en cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
Saúl Méndez
Colaborador
En el 77.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conmemorado cada 10 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), advirtió sobre graves retrocesos en el país durante el 2025 que podrían agudizarse en el 2026. Según el organismo, el deterioro se profundiza por la ausencia de separación entre los poderes del Estado y la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dirigida por Raquel Caballero, a quien señalan de responder a intereses personales.
Miguel Montenegro, actual director de la CDHES, afirmó que la organización ha documentado cómo el Estado continúa invisibilizando a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que estigmatiza e intimida a quienes defienden estos derechos.
«Al analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contrastarla con la realidad del país en los últimos años, es evidente que los avances en materia de respeto a los derechos humanos han sufrido un grave deterioro, consecuencia de la eliminación progresiva de la institucionalidad nacional», advirtió el director de la CDHES, quien desde 1982 se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
Para la organización, la concentración de los poderes del Estado bajo la dirección del Ejecutivo se suma al papel de la PDDH, que «ha abandonado su misión» y se ha convertido en cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
El director de la CDHES también sostuvo que en El Salvador se ha producido un intercambio de seguridad por derechos humanos, lo que crea un escenario altamente sensible ante la represión estatal, dirigida especialmente contra quienes defienden los derechos ciudadanos, en particular cuando realizan acciones de denuncia o protesta frente a proyectos o iniciativas estatales que afectan a distintos grupos de la población.
La CDHES ha identificado graves acciones del gobierno contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Según Montenegro, son comunes la intimidación, el acoso y las amenazas; el hostigamiento; el ciberacoso o ciberbullying; la estigmatización y el descrédito; la criminalización; los ataques digitales; la investigación, vigilancia y seguimiento en viviendas de quienes son considerados opositores; el uso de tecnología para intervenir teléfonos; las detenciones arbitrarias y el procesamiento judicial, entre otras prácticas.
“Todas estas acciones están avaladas por la vigencia y aplicación del régimen de excepción, donde la suspensión de derechos se ha convertido en el nuevo modelo de gestión de la seguridad”, detalló.
El papel de los defensores de derechos humanos
La CDHES señaló que los organismos internacionales coinciden en reconocer la relevancia del trabajo de los defensores de derechos humanos para garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos.
«Su labor es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable que fortalezca el Estado de derecho y facilite la participación ciudadana en el control de abusos de funcionarios e instituciones públicas», afirmó la entidad.
Miguel Montenegro advirtió que, en El Salvador, este ideal se ha vuelto cada vez más lejano, ya que la represión contra defensores y sus familias es constante. Según explicó, el temor ha llevado a la ciudadanía a adoptar una postura apática y distante, limitando su participación en tareas de monitoreo, denuncia y exigencia frente a violaciones de derechos en distintos ámbitos de la vida social.
«La labor de defensa se vuelve cada vez más arriesgada. Ya existen casos de personas que han sido silenciadas mediante persecución y represión tanto personal como familiar. Incluso, hay instituciones que han optado por el exilio ante la constante presión del régimen, que no ha escatimado esfuerzos en atacarlas desde diversos frentes», afirmó Montenegro.
La CDHES también incluyó entre los mecanismos de represión la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que, según observadores internacionales y nacionales, busca frenar o limitar el trabajo de las ONG’s.
«La normativa obliga a las organizaciones a registrarse, restringe el alcance de sus funciones y retiene un alto porcentaje de las donaciones provenientes del exterior, pese a que ya existía regulación al respecto», informó.
Para la CDHES, esta medida refleja una actitud revanchista, pues la propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa poco después de que organizaciones comunitarias de El Bosque realizaran una concentración pacífica la noche del 12 de mayo en las cercanías de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente Nayib Bukele, para pedir apoyo ante el posible desalojo de cerca de 300 familias. Como resultado la Policía Militar reprimió la manifestación y capturó a un líder comunitario y a un abogado defensor de derechos humanos, además de imponer la Ley de Agentes Extranjeros.
La CDHES sostiene que la persecución se ha generalizado contra todos aquellos que no comparten las posturas ni los métodos políticos o administrativos del Gobierno.
Entre los sectores afectados, la organización documentó sindicatos y sus líderes, movimientos sociales, académicos, universidades, medios de comunicación y partidos políticos de oposición.
Instrumentalización de los aparatos del Estado
Según la organización humanitaria, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa son utilizadas para impulsar investigaciones maliciosas que buscan intimidar y silenciar cualquier expresión de disenso.
De acuerdo con la CDHES, acallar la oposición constituye uno de los pilares de la actual administración y también se han reducido las movilizaciones que antes eran comunes, aunque su impacto sobre los derechos fundamentales continúa siendo profundo, señala.
La organización continúa documentando violaciones reiteradas a la libertad personal como detenciones masivas arbitrarias y afectaciones al honor y la integridad física, con denuncias de tratos crueles, degradantes e inhumanos, además de lesiones, torturas y muertes dentro de centros penitenciarios.
También destacan afectaciones al derecho a la salud y la educación, al debido proceso y restricciones al derecho a la legítima defensa, incluida la limitación de contacto con abogados y familiares.
Para la CDHES, estos hechos evidencian que la política de seguridad del Gobierno se ha colocado en abierta contradicción con los derechos ciudadanos y los principios democráticos.
La CDHES alerta sobre la falta de mecanismos para frenar atropellos
La organización lamentó que las denuncias presentadas por ONGs, víctimas, familiares y organismos regionales hayan tenido escaso efecto frente a la actitud del Gobierno, que responde con prepotencia, escarnio, desdén o absoluto silencio. En lugar de atender los señalamientos, sostienen que el Ejecutivo exhibe sin reservas un perfil de impunidad y represión inspirado en prácticas propias de regímenes autoritarios.
Miguel Montenegro advierte que la paz presentada oficialmente se ha convertido en una ilusión que oculta un sistema “corrupto” y alineado con intereses particulares. A su juicio, la concentración del poder busca garantizar un control social sin contrapesos, a costa de los principios democráticos y derechos constitucionales bajo una lógica que reduce la convivencia social a una falsa disyuntiva entre “pandillas o democracia, seguridad o derechos humanos”.
«El Estado de derecho está bajo un permanente acecho», advirtió Miguel Montenegro.
«El daño a la legalidad ha sido extenso y profundo: se irrespetan principios y valores constitucionales, y cuando estos se vuelven un obstáculo para los llamados ‘objetivos de país’, simplemente se cambian las reglas a conveniencia. Hemos visto atentados a la Constitución mediante interpretaciones caprichosas o malintencionadas, desprovistas de rigor jurídico, e incluso reformas inconsultas a principios pétreos del sistema republicano, todo con el fin de concentrar cada vez más poder. Un ejemplo de ello son las modificaciones al proceso de reformas establecido en el artículo 248», señaló.
Las reformas aprobadas en 2024 y 2025 por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, incluyen permitir la reelección presidencial indefinida, ampliar a seis años los periodos presidenciales, eliminar la segunda vuelta electoral, unificar el calendario electoral y modificar el proceso de ratificación de reformas constitucionales para que la misma Asamblea pueda aprobarlas y ratificarlas con una mayoría calificada, sin necesidad de una segunda legislatura. Según la CDHES, este cambio elimina la participación ciudadana en la validación de reformas y contradice el espíritu de la Constitución de 1983, que exigía la aprobación por dos legislaturas distintas.
A juicio de la organización, estas medidas violentan la vocación de permanencia de las normas constitucionales llamadas «normas pétreas» que, por su naturaleza, buscan garantizar estabilidad jurídica, supremacía constitucional y protección de derechos fundamentales.
La CDHES advierte que, al permitir que el régimen reforme cualquier disposición que le resulte incómoda, la Constitución pierde su carácter de Carta Magna para convertirse en una norma vulnerable a los intereses de quienes controlan el poder político.
La entidad sostiene que la oportunidad histórica para consolidar una sociedad democrática abierta, nacida con los Acuerdos de Paz, se está desvaneciendo.
Montenegro aseguró que se perfilan las condiciones para un retorno a formas autoritarias sostenidas por el estamento militar, como las que marcaron gran parte del siglo XX en El Salvador.
La CDHES señala que la división de poderes ha sido desmantelada: la independencia judicial se ha perdido, los órganos de control fueron removidos por la fuerza como la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha vuelto inoperante. A ello se suma el intento del presidente Nayib Bukele de perpetuarse en el poder, con el apoyo de países que, paradójicamente, se proclaman defensores de la democracia.
Como organización de derechos humanos, la CDHES reafirmó su compromiso de documentar y exigir esclarecimiento ante las violaciones cometidas por instituciones del Estado; no obstante, ante la falta de respuesta de las autoridades, se ven obligados a llevar sus denuncias a instancias internacionales.
