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Carta urgente a la juventud salvadoreña VII

Unicornio Azul

Amigas y amigos salvadoreños: la corrupción mata. Es uno de los mayores enemigos internos de la democracia. Deberíamos exigir que lo público sea realmente público. ¿Por qué entonces aceptamos que buena parte de lo público sea manejado en secreto? Ciertamente, no podemos dejar en manos de los peores la administración del Estado. La corrupción mata la democracia, la transparencia, la confianza en el Estado, la división de poderes, la ética que debieran tener todos los políticos. Quienes ven en el Estado la oportunidad de hacerse con un botín deben quedar fuera de toda elección democrática. Y quienes se corrompen deben dar cuenta, sin excepción, de los delitos que hayan podido cometer, para lo cual hace falta una justicia independiente y unas instituciones (incluyendo los partidos políticos) que practiquen la tolerancia cero.

Es la corrupción la que en todo el mundo provoca el aumento de desafectos a la política y a las instituciones. La corrupción de políticos y funcionarios puede desencadenar una masiva desobediencia a las leyes y un incremento de la delincuencia social, “si los que mandan roban ¿por qué no yo?”. En todo caso la corrupción contagia y se cuela por entre los servidores públicos tomando forma de metástasis del sistema político. La única forma de combatirla es poniendo fuertes controles al manejo del dinero público, estableciendo protocolos claros en la relación entre lo púbico y lo privado, practicando la transparencia y estableciendo auditorías sistemáticas.

Castigar a las y los culpables es algo esencial que debe hacerse sin discriminar colores políticos. Los partidos políticos deben apartar de sus filas a quienes resulten imputados y expulsar definitivamente a quienes resulten condenados en firme. También debe condenarse las falsas acusaciones organizadas con fines de perjudicar o neutralizar políticamente a los rivales. Sólo una justicia independiente y muy profesional puede clasificar lo verdadero de lo falso.

Amigas y amigos, en nuestro país todos los partidos acusan a los demás de estar inmersos en la corrupción. Y lo cierto es que está bien hacer todo lo posible por erradicarla. Para ello hace falta que la Asamblea Nacional, a través de comisiones de investigación, focalice responsabilidades políticas; que los medios de comunicación informen verazmente y sin intenciones ocultas al servicio de una ideología y de uno o unos partidos; que los jueces hagan su trabajo con diligencia y rigurosidad; y que el Tribunal de Ética Gubernamental haga sus funciones. Pero si hubiera que destacar una figura en esta lucha es la Fiscalía. Es clave su correcta elección e independencia para actuar sin consignas políticas En este proceso lo principal y funcional es que sean nuestras propias instituciones las que lideren y asienten las bases de la lucha contra la corrupción. Lo que no anula la elaboración de convenios con países y organismos internacionales que puedan ayudar a una mayor eficacia en el ámbito de El Salvador.

Tenemos ya algunos datos favorables al Estado de Derecho. El encarcelamiento de los ex presidentes Antonio Saca y Francisco Flores, o del ex fiscal general Luis Martínez, los tres por delitos de corrupción distendieron en alguna medida la tensión en la sociedad salvadoreña al demostrar que es posible que la justicia alcance a los poderosos. El caso de Mauricio Funes debe resolverse asimismo a favor de la justicia frente a impunidad. Son los jueces de la Corte Suprema quienes deben formalizar la petición de extradición y es entonces cuando el Gobierno deberá tramitar la petición y prestar sus apoyos en los planos que les corresponde. Rivales políticos, desconociendo que la democracia es división de poderes, pide al Gobierno que traiga a Funes ante la justicia salvadoreña. Pero el Gobierno no puede ocupar el lugar de los jueces a menos que examinemos el caso con mentalidad pre-democrática en la que los ejecutivos hacían y deshacían a su antojo. Ahora bien, mientras no sea juzgado y condenado debe prevalecer la presunción de inocencia, es así en las democracias.

Pero la lucha contra la corrupción tiene otro campo de juego: las empresas que ofrecen “donaciones” a partidos o a políticos, a cambio de beneficiarse de obras públicas, de la explotación de recursos naturales y de que autoridades hagan la vista gorda a actividades ilícitas. En un acto de corrupción, con frecuencia hay dos actores: el que corrompe y el que se deja corromper. El dinero que ofrecen empresas a cambio de ganar ilegítimamente licitaciones es el pan de cada día en el mundo en que vivimos. El código penal debe castigar a los políticos corruptos y también a quienes corrompen. Para que esta lucha contra la corrupción funcione, debe poner en marcha un potente grupo policial para la investigación, no contaminado por intereses políticos. Un grupo con formación multidisciplinar y con autonomía de intervención. Equipos policiales similares son los que han logrado en muchos países desarticular mafias instaladas en los sistemas políticos e institucionales.

Amigas o amigos, uno de los candidatos está pidiendo un compromiso de todas las candidaturas contra la corrupción. Es de pura lógica. Estamos hablando de un asunto de Estado. La corrupción puede acabar con todo, instalando una anarquía descontrolada. Pero, ¿cuál debe ser ese compromiso? ¿Cómo debe concretarse?

Ustedes habrán notado que en mis cartas de Unicornio Azul procuro no entrar demasiado en cuáles deberían ser las medidas a adoptar en cada asunto abordado. Eso es cosa de las fuerzas políticas y organizaciones sociales. Por mi parte me limito a plantear principios y enfoques que nos ayuden a repensar nuestras propias posiciones y fortalecer nuestro voto.

Sin embargo, en esta oportunidad no me resisto a señalar algunas ideas, de acuerdo con Transparencia Internacional (Organización No Gubernamental en la que participan delegaciones de 100 países). Creo, sinceramente, que es la línea en que debiera precisarse la propuesta de compromiso de todas las candidaturas y fuerzas políticas.

Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción: 1) Mejorar las disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones; 2) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos; 3) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi); 4) Necesidad de una ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción; 5) Establecimiento de límites a la designación por los partidos políticos del gobierno de los jueces y otros altos tribunales. 6) Limitar la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción; 7) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados.

Medidas que deberían adoptarse en relación a los partidos político: 1) Tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos; 2) Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna en los partidos; 3) Publicación en Internet por un Tribunal de Cuentas de su informe de auditoría anual de los partidos políticos; 4) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los partidos, así como la prohibición de su condonación por las entidades financieras; 5) Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas; 6) Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos.

En relación a lo electoral: 1) No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas; 2) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos de todos los candidatos; 3) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar el incumplimiento de dichos límites por parte de los partidos; 4) Control de los gastos electorales por la Junta Electoral Central u otra entidad.

La corrupción es una anomalía de alcance global que alcanza diferentes proporciones y frecuencias, y que es combatida con distintos grados de tolerancia e intensidad. Un fenómeno ignominioso y que, en los últimos veinte años, ha adquirido en El Salvador una presencia destacada tanto en los medios de comunicación como en las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos, y que ha puesto en evidencia a un sistema político que no ha alcanzado los niveles exigibles a las democracias consolidadas en materia de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por todo ello, amigas y amigos, el compromiso de los partidos políticos en la lucha contra la corrupción debe ser total, llenándolo de contenido- Las medidas que en esta carta se proponen no agotan en absoluto la batería de medidas preventivas que deberían adoptarse. Para que se de este compromiso debería presionar la sociedad toda y la juventud en particular por ser uno de los sectores más perjudicados por una corrupción que amenaza con matar la democracia y al Estado de derecho.

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