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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque ha resuelto que los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES continúen encarcelados, rechazando la apelación presentada por el defensor legal el pasado 14 de febrero”, dice un comunicado público de ADES Santa Marta, al tiempo que condena tal decisión.
La defensa de los tres líderes sociales y los dos directivos de ADES había solicitado a la Cámara de Cojutepeque la reversión de la “detención provisional” para los líderes ambientalistas y comunitarios de Santa Marta, Cabañas, enfrentaran el proceso judicial en libertad.
Dennis Muñoz, defensor particular de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, y los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, recibió una nueva respuesta negativa del sistema judicial en contra de sus defendidos.
En reiteradas declaraciones miembros de la comunidad Santa Marta han expresado que el caso que mantiene en detención a sus compañeros y líderes ha sido manejado por la Fiscalía General de la República (FGR) de manera “parcializada”.
Muñoz alega que otros casos similares y de mayor gravedad, como la Masacre de El Mozote en donde apróximadamente ejecutaron alrededor de mil personas, entre niños, niñas, mujeres y adultos mayores, un caso que lleva 5 años en el proceso instrucción y cuenta con suficientes pruebas científicas, técnicas y testimoniales e identificación de los perpetradores, los acusados se encuentran en libertad, y viven en sus hogares, durante el proceso penal que enfrentan.
“La condenable decisión fue tomada por los magistrados suplentes José María Zepeda Grande y Fernando Pineda Pastor. El primero fue impuesto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de apartar ilegalmente del caso al magistrado propietario Martín Rogel Zepeda, y el segundo fue llamado como tercero para resolver la discordia tras el empate de los dos magistrados que analizaron inicialmente la apelación”, señala el comunicado.
“El magistrado propietario Santiago Alvarado Ponce emitió un voto razonado a favor de medidas sustitutivas a la detención, admitiendo las razones legales y humanitarias planteadas por la defensa de los líderes comunitarios”, acota el comunicado.
La defensa de los ambientalistas presentó en sus argumentos a la detención provisional, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en cuanto a las consideraciones de establecer las medidas “preventivas”, en la cual, alerta a los Estados en estos casos, como México y Argentina, sobre las circunstancias particulares de la detención, y sobre la vulneración de derechos de esos sistemas judiciales con las personas capturadas y el respeto a la presunción de inocencia.
En la sentencia la Corte IDH reitera al órgano judicial de México que las “condiciones de incomunicación y aislamiento en las que estuvieron las víctimas” violentaron su derecho a la integridad personal, que en su momento Dennis Muñoz consideró pertinente para exponer su petición de evaluación de las medidas impuestas a los defensores ambientales.
“Los magistrados Zepeda Grande y Pineda Pastor desestimaron los argumentos de la apelación e hicieron suyas las reprochables justificaciones del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que negó las medidas sustitutivas “, indicaron.
“Mientras, el magistrado Alvarado Ponce consideró viable revertir la detención y valoró como desproporcionada e ilegal la prisión preventiva de los ambientalistas, citando abundante jurisprudencia de la propia Cámara, y de la Sala de lo Constitucional (CSJ) y de varios Tratados Internacionales, según los cuales la prisión preventiva es la excepción y no la regla”, reitera el comunicado.
Los familiares y abogado defensor de los cinco ambientalistas no cuentan con información del estado de salud e integridad física de los detenidos, pese al compromiso de la Fiscalía General de la República, que se comprometió con la comunidad que el caso no sería tratado en el contexto del “estado de excepción”, el pasado 11 de enero. No obstante, consideran que el trato que han recibido como la falta de acceso a ellos, su desaparición en los centros de detención, la acusación con “pruebas débiles y retorcidas argumentaciones” , es la realidad que viven miles de personas detenidas en El Salvador siendo inocentes.
“Santa Marta y ADES rechazamos enérgicamente esta vergonzosa resolución que sólo se explica por la genuflexión de jueces intimidados por el régimen de Nayib Bukele, la pérdida de independencia judicial y la instrumentalización del sistema jurídico para perseguir penalmente líderes comunitarios que representan un obstáculo para la eventual reactivación de la tenebrosa minería metálica”, argumentaron.
“Por tanto, denunciamos ante el país y el mundo la confirmación de esta injusticia contra nuestros líderes ambientalistas; y llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a incrementar la solidaridad y la presión pública hasta lograr la liberación de nuestros luchadores sociales”, solicitan en su comunicado los pobladores de Santa Marta y ADES.
