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Cachada

Luis Arnoldo Colato Hernández

Es el término coloquial con el que se conoce la mercadería que, adquirida de manera irregular por el vendedor, así como por la fuente que la distribuye a este y demás vendedores, es ofrecida a un precio más asequible al consumidor quien, compra así además un bien de oportunidad de carácter ilegal.

Es entonces por definición la comercialización de bienes de consumo que han sido sustraídos a sus legítimos dueños, en algunos casos, por intermedio de atracos en contra de los medios de transporte que los trasladaban, revelándose así el que tales acciones son ejecutadas probablemente como producto de arreglos coordinados entre las bandas responsables del atraco, y quizás, algunos miembros o inclusive, la seguridad de los propios comercios responsables del traslado malogrado, por lo que son bienes que no han pagado el debido arancel al estado, pues provienen de acciones fuera de la ley.

Y, sin embargo, se venden.

Las razones ulteriores tras el comercio irregular en el país y en general toda América Latina no solo tiene que ver con aspectos culturales de nuestras respectivas sociedades, la simple ventaja que significa el coste menor del bien adquirido, o porque además ésta práctica se corresponde con el hecho de que esta se ve legitimada por la regularidad que en todos los niveles se la práctica, es decir, es posible porque el imperio de la ley en realidad no impera en ningún lugar.

Por ejemplo, vemos como entidades como la FGR evade el cumplimiento de la aplicación de la ley cuando ésta debe aplicársela a los sectores pudientes o sus afines, tal es el caso de la donación de los 11,428 quintales de abono japonés que durante la administración Cristiani desapareciera de las bodegas del BFA en Acajutla, delito por el que finalmente nadie fue procesado y sí pagado por el banco depositario y la aseguradora, mientras que existieron fuertes indicios que apuntaron al propio ejecutivo como responsable último de aquel robo.

O un nivel por demás en extremo grave podemos recordar el caso de los estudiantes de la UES asesinados por el estado en aquella marcha realizada el 29 de julio de 1974, que sigue impune, y que como en otros casos en los que la comandancia del ejército nacional se viera implicada, la fiscalía simplemente nunca realizará ninguna investigación, manteniéndose incluso a la fecha, desconocido el número de victimas ejecutadas y desaparecidas de aquella masacre.

Entonces, el quid tras la comercialización ilegal se corresponde con el hecho de que ésta es promovida desde las propias esferas de poder, que la generan para enriquecerse, o, para evitar dar cuentas de su enriquecimiento, que deriva en la naturalización de esta cultura, que es además replicada por los demás estamentos, pues aprecian en ésta una vía legítima para satisfacer necesidades –bajo el razonamiento de “…si aquel puede, yo puedo…”- por lo que todo se resume a la ausencia de la ley, de su imperio, por lo que los fastos discursos no bastan para resolverlo, sino la vuelta a la institucionalidad.

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