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Por David Alfaro
18/03/2026
El miércoles, los diputados del dictador aprobaron sin discusión una reforma penal que endurece las penas contra delincuentes comunes y también contra quienes «atenten contra el sistema democrático salvadoreño». La medida contempla castigos severos, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua en casos considerados graves, bajo el argumento de «proteger el orden constitucional y la estabilidad institucional».
En El Salvador, gobernar no debería ser un permiso para violar la ley. Pero durante años Bukele y sus secuaces lo han hecho. Han retorcido la Constitución, manipulado las leyes y usado el poder como un escudo contra la justicia. Lo que debía proteger la democracia se convirtió en un instrumento para consolidar su control absoluto.
Repito: la reforma aprobada no sólo apunta a delincuentes comunes, sino también a quienes atenten contra la democracia. En ese sentido, su alcance es mucho más amplio y profundamente político.
Aquí surge el verdadero peligro. Bajo la figura de «terrorismo», la ley abre la puerta para perseguir no sólo a criminales, sino también a la oposición política, a la ciudadanía organizada y a cualquier voz crítica del poder. Es decir, es un instrumento para criminalizar la disidencia y consolidar aún más el control autoritario. Sin embargo, esa misma amplitud jurídica encierra una paradoja: en un futuro, cuando cambien las condiciones políticas, este tipo de legislación también podrá aplicarse contra quienes hoy gobiernan de manera inconstitucional, considerando que han alterado las bases de la democracia, violentado la Constitución y cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Pero la historia y la justicia no se rinden. Esta reforma, presentada como un mecanismo para defender el orden democrático, terminará siendo el espejo donde los abusos del pasado se reflejen con claridad. Los actos que hoy parecen intocables podrán, en otro contexto político, ser considerados como atentados contra la democracia.
Cuando Bukele y sus cómplices dejen el poder, el escudo de la impunidad se desvanecerá. La misma ley que hoy aprueban, abrirá la puerta para juzgar cada violación a la Constitución, al Estado de Derecho, así como las violaciones a los Derechos Humanos.
Es un recordatorio contundente: la impunidad no es eterna. La democracia puede ser doblegada por un tiempo, pero tarde o temprano quienes la debilitan enfrentarán las consecuencias. El Salvador no olvida, y la ley, incluso la que se aprobó ayer, se volverá contra quienes han puesto en riesgo la república.
