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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 47 del régimen de excepción, medida vigente desde el 27 de marzo de 2022, y que ha sido utilizada como herramienta para la violación de derechos, según organizaciones de defensoras de derechos humanos.
El régimen suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2º y 24 de la Constitución de la República; y que se refieren en su orden al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
El decreto menciona que la necesidad de la prórroga es debido a los resultados obtenidos mediante la aplicación del régimen de excepción, “los cuales han significado un logro sin precedentes en la disminución de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo”.
El régimen ha sido prorrogado de manera continua, “en atención a la necesidad derivada de la aún existencia de grupos terroristas, que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
El consejo de ministros indica que las medidas extraordinarias decretadas “han tenido un exitoso resultado” que ha logrado la reducción del número de homicidios y la captura de más de 91,000 presuntos terroristas; “ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos contenidos en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución, que en este momento son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
El Gobierno señala que recientemente las autoridades capturaron un significativo número de individuos pertenecientes a una presunta organización vinculada a la formación y operación de estructuras criminales, cuyas acciones estaban dirigidas a afectar “gravemente” a jóvenes y menores en entornos escolares, por medio de intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas, tanto dentro como fuera de los centros educativos.
“Esto confirma la persistencia y el intento de reorganización de las pandillas en el país, evidenciando la gravedad de este fenómeno. En razón de la amenaza constante que representan estas estructuras delictivas para la juventud, los menores y la sociedad, es que resulta indispensable continuar con la adopción de medidas extraordinarias y especializadas que permitan combatir eficazmente estas estructuras criminales, y garantizar un ambiente seguro para el desarrollo de la población salvadoreña”, puntualizó el decreto aprobado con 57 votos.
El régimen de excepción estará vigente desde el 31 de enero hasta el primero de marzo. Casi se cumplirán 4 años de haberse implementado esta medida. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias e incluso muertes en los centros penales bajo el régimen de excepción.
De las 91 mil personas detenidas en el régimen de excepción, aproximadamente 1,300 detenidos han fallecido en los diversos Centros Penitenciarios, de los cuales, al 31 de diciembre del año 2025, se tiene un registro informal de 470, según el Socorro Jurídico Humanitario.
El 40 % de los fallecidos fueron en el Centro Penal de Izalco; seguidamente de Mariona, Quezaltepeque y Apanteos. La mitad de los fallecidos han perecido por causas violentas (torturas físicas), y la otra mitad por otros tipos de torturas y por tratos inhumanos crueles y degradantes, al negarles sus tratamientos médicos por enfermedades preexistentes o las adquiridas en esos centros de reclusión.
Nuevas Ideas, a pesar de la vasta documentación de organizaciones de derechos humanos sobre violaciones en el régimen, sigue con la prórroga mes con mes. El oficialismo señala que el régimen de excepción se prorrogará hasta que el último pandillero esté tras las rejas.
