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Washington / Prensa Latina
Agencias federales estadounidenses recibirán 25 millones de dólares para estudiar la violencia armada gracias a un acuerdo de gasto gubernamental alcanzado por los negociadores del Congreso, difundió la publicación The Hill.
De acuerdo con el medio, se trata de una gran victoria para los demócratas, quienes son mayoría en la Cámara de Representantes y durante mucho tiempo han presionado para destinar fondos a investigar sobre el tema.
Una fuente con conocimiento del proceso citada por The Hill informó que se alcanzó esa cifra tras negociaciones entre la Cámara Baja y el Senado, y esa medida resulta la primera vez en más de 20 años en que se asigna dinero para indagar sobre la violencia armada.
El acuerdo destina 12,5 millones de dólares a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), e igual cantidad a los Institutos Nacionales de Salud, con el fin de que estudien ese fenómeno y las formas de prevenirlo.
La llamada Enmienda Dickey, aprobada en 1996, impidió que las agencias pudieran usar fondos federales para abogar por el control de armas, y si bien no impedía a esas instancias estudiar la violencia armada, ese fue su efecto en la práctica, debido a la falta de recursos para conducir esas investigaciones.
El año pasado, los demócratas obtuvieron un acuerdo para ‘aclarar’ en futuros proyectos de ley de gastos que la enmienda no prohibía a las agencias estudiar la violencia armada, pero los líderes de los CDC dijeron que necesitaban fondos específicos del Congreso para estudiar el tema.
Financiar este tipo de investigaciones ha sido una prioridad para los demócratas tras asumir el control de la Cámara Baja en enero pasado, después de años de tiroteos masivos mortales en escuelas, iglesias y otros espacios públicos del país.
Sin embargo, otras medidas destinadas a reducir esa violencia se han estancado en el Congreso, entre ellas un proyecto de ley sobre verificaciones universales de antecedentes en la compra de armas.
Tal iniciativa fue avalada por la fuerza azul en ese órgano legislativo, pero el Senado, de mayoría republicana, no la ha sometido a consideración, y el presidente Donald Trump la rechaza.
