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@arpassv
El nuevo Juez del “Caso Flores” pidió ayer a la Fiscalía que incorpore nuevas pruebas que no están incluidas en el expediente judicial. Así Miguel Ángel García Arguello, viagra Juez Séptimo de Instrucción, search imprime un giro diferente a la forma en que el criticado Juez Levis Italmir Orellana manejó el caso.
García Arguello dio un plazo de tres días hábiles a la representación fiscal para que presente, entre otras pruebas, el Informe de Operaciones Sospechosas (ROS), las entrevistas realizadas a los diputados de la comisión legislativa que investiga el paradero de los donativos de Taiwán y la declaración de un personero del Banco Cuscatlán en Costa Rica.
El Juez también pidió a la Fiscalía que entreviste al ex presidente Mauricio Funes y –para transparentar el caso y garantizar el debido proceso– solicitó que un delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos participe como observador permanente durante la fase de instrucción.
Algunas de estas diligencias habían sido solicitadas por los querellantes de las organizaciones sociales. Ahora sólo falta que García Arguello incluya el delito de lavado de dinero para ampliar las investigaciones y buscar a los “destinatarios” de las millonarias donaciones de Taiwán.
Así el Juez García Arguello genera esperanzas en la lucha contra la corrupción. Sus primeras actuaciones indican que podría llevar a buen término el juicio contra el ex presidente arenero, por tanto, las organizaciones sociales deben expresarle apoyo y el país entero debería cerrar filas con él.
Mientras respalda el trabajo inicial del nuevo Juez del “Caso Flores”, la ciudadanía debe presionar por la depuración del Sistema Judicial y la elección de un Fiscal General honesto, transparente y comprometido con la anti-corrupción. El actual Fiscal Luis Martínez no cumple su rol constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad.
Por eso la Sala Constitucional, así como está empujando la depuración judicial, debe revertir la elección de Martínez. Pronto las organizaciones sociales presentarán una demanda de inconstitucionalidad porque la Asamblea Legislativa no verificó los requisitos de idoneidad, moralidad notoria e independencia antes de nombrarlo Fiscal General.
