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Wilfredo Mármol Amaya.
Psicólogo salvadoreño
Esta mañana se conoció -por fin- la noticia de un testigo en el caso del magnicidio contra el primer santo católico en el país llamado irónicamente El Salvador, en alusión al salvador del mundo, Jesús de Nazaret, nos referimos al horrendo caso que le quitó la vida a monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez ocurrido el 24 de marzo de 1980, es decir, hace cuarenta años de ocultar la justicia y prolongar la impunidad reinante en la sociedad salvadoreña. Pero dice un dicho popular “Dios tarda, pero no olvida”.
Sin embargo, esta semana se conoció la noticia que representantes de la Unidad de delitos relativos al Conflicto Armado entregaron en el 2018 un documento a un tribunal, para agilizar el caso por el que se acusa al capitán Álvaro Rafael Saravia Merino, por el homicidio agravado de monseñor Romero, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia.
El Juzgado Cuarto de Instrucción tomará declaración a la abogada Almudena Bernabéu, testigo en caso monseñor Romero, que lleva la justicia en Fresno, California, en los Estados Unidos del prófugo Álvaro Saravia, uno de los autores intelectuales del asesinato monseñor Romero.
Este mismo día se conoce de manera pública las declaraciones del señor Norman Quijano: “Es importante el proceso que inicia hoy porque me permitirá presentar la verdad, que se resume en que soy inocente de las acusaciones que se me imputan. Nunca hubo una reunión con pandilleros y que nunca ofrecí beneficios particulares a grupos delincuenciales”, aseguró el expresidente del parlamento, Quijano, a contrapelo de las evidencias y pruebas que hundirían en la cárcel y partido político en cualquier país del mundo que no se llame El Salvador, a alguien que muestren detalles públicos de sendos hechos antipatrióticos, en un país donde se han llevado a generar hechos legales “impuestos por la justicia”; veamos a manera de recordatorio los siguientes males ejemplos emblemáticos en la conciencia colectiva salvada:
•El caso que quedó en la memoria ciudadana conocido como “FINSEPRO-INSEPRO”, que literalmente permitió hacerse de fondos de miles de personas que confiaron sus ahorros de vida y de la vejez, incluso algunos fallecieron con la zozobra de ver recuperados sus dineros. Aún hay memoria colectiva las palabras de doña Gloria Salguero Gros (QEPD) “Yo creo en Robertío” y tal implicado recuperó su libertad, en contra lo que estipula el Art. 47 del Código Penal: “La pena de prisión es una limitación a la libertad ambulatoria de la persona, cuya magnitud dependerá del régimen de cumplimiento”
•Orden de captura contra el expresidente Funes, haber hecho públicos los “ross” de cheques girados por el gobierno de China Taiwán, en el sonado caso de Paco Flores, referidos a millones de dólares que no ingresaron al erario público y desviados a “beneficiarios” a través de instituciones como la ONG” José Antonio Rodríguez Porth” y utilizados en campañas políticas, en el partido que representan al señor Norman Quijano. Ambos con funciones en la legalidad.
•El señor Carlos Perla, expresidente de ANDA que estuvo en cárcel, pero ya goza de libertad al aplicársele las “bondades generosas” de los privilegios que brinda la ley, so pena de incluso haber construido pozos en terrenos del departamento de La Libertad, a la familia de don Norman Quijano, expresidente de la honorable Asamblea Legislativa. Los cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron acusados de participar en una supuesta red de corrupción judicial liderada por el exfiscal general Luis Martínez y el prófugo Enrique Rais. La fiscalía sostiene que giraron órdenes de captura ilegales y colaboraron en el desfalco de fondos públicos, solo para mencionar el emblema de fiscalía que ha defendido al pueblo salvadoreño, por mandato constitucional.
•“Prescripción”: Dejar sin efecto legal a los expresidentes Cristiani y Calderón Sol por vencimiento del plazo legal de manera jurídica, incluyendo a la expresidenta Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta durante la gestión de Saca.
•Y para enfatizar el serio señalamiento de don Norman Quijano, cuando a toda voz dice en conferencia de prensa “que no renunciará al fuero constitucional ya que no confía en el sistema de justicia ni en el fiscal Raúl Melara”, esto para señalar casos recientes que desdicen la forma en que se maneja la legalidad en el país democrático que suscribió la paz el 16 de enero de 1992, para dar a una democracia que apenas llega.
Frente al caso del expresidente de la honorable Asamblea Legislativa, Dr. Norman Quijano, el pueblo salvadoreño esperaba una posición ejemplarizante de este parlamentario y se quedó con la esperanza de escuchar las palabras: “Expreso mi deseo de presentar mi desafuero ante la Asamblea Legislativa, y pongo a disposición mi cargo de diputado para someterme a las leyes de la República con la acusaciones de haber contribuido al fraude electoral cuando fui candidato a la presidencia”, y peor aún el haber señalado al presidente Nayib Bukele de ser el responsable de su situación y de las pruebas que aún no se han hecho totalmente públicas. Eso esperábamos de un verdadero “padre de la patria” con vocación de servir y no lo inverso.
La honorable Asamblea Legislativa ha integrado una comisión desfigurada y no representativa de la totalidad de partidos políticos, mucho menos con personalidades envestidas de notoriedad, sino más de lo mismo y poniendo de presidente de la comisión a un diputado defensor de los altos intereses de los mismos de siempre, desde la cabina de radio ha “defendido la libertad de expresión” y que ataca a diario en sus editoriales a los derechos humanos, sus defensores nacionales e internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas. Dicha Comisión que cuenta con pruebas, entre ellas videos que en su momento se proyectarán en la comisión, pero lo más probable, nunca a la población, tal cual país democrático y con libertad de expresión. ¡Ojalá y nos equivoquemos!
La Comisión de la Honorable A.L. ha acreditado a los defensores del expresidente de la Asamblea del señor Norman Quijano, a los profesionales de generales conocidas: Francisco Beltrán Galindo y Delmer Edmundo Rodríguez; así como al fiscal, cargo para el cual fue nombrado por la Asamblea el diputado del PDC Jorge Mazariego.
Según el reglamento de la Asamblea la comisión tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar el dictamen. No obstante, podrá pedir una ampliación de dicho plazo hasta por 70 días más y emitirá su interesado dictamen para que el pleno de los 84 diputados decida el futuro de cómo se enviara a la justicia salvadoreña y solo se necesitan 43 votos, que por las piedras que suenan en el río Acelhuate, hay dos caminos inequívocos: o se siguen haciendo las cosas, como lo señalara monseñor Romero, en el entendido “que la ley solo pica a los descalzos”, o se abre una nueva forma de hacer democracia, es decir, a ojos cerrados sin importar a quien se tiene en el banquillo de los acusados, independientemente si es político, gran empresario, expresidente o exvicepresidente de algo importante a nivel público o privado, de manera objetiva y sin malicias de fiscales, como ha sido la historia nuestra, desde hace muchos, pero muchos años.
La administración de la justicia tiene la palabra y la Constitución es su voz.
Veamos pues, la sociedad salvadoreña ya no desea más noticias de noticias y está a la espera de antejuicio para desaforar “Don Norman Quijano” a contrapelo de las evidencias y pruebas que hundirían en la cárcel a personas, o partido político en cualquier país del mundo.
Ya veremos la justicia ventilarse en este paisito democrático en el 2020.
