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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, expresa su preocupación y condenó el asesinato de 126 personas defensoras de derechos humanos en el año 2022, y reitera el llamado a los Estados a adoptar las medidas correspondientes de manera “urgente” para garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con un mandato surgido de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene la responsabilidad de promover, observar y defender los derechos humanos en la región y actúa también como órgano consultivo de la OEA, en esta materia.
“El último cuatrimestre del año (2022) registró 42 asesinatos de personas defensoras, que son de conocimiento de la Comisión Interamericana, mientras que de enero a agosto fueron 84 personas. Un gran número de estos asesinatos se cometieron en contra de personas defensoras indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente y territorios”, señala.
En su informe refieren la situación de Brasil, que en los últimos cuatro meses de 2022 hugo 8 asesinatos de personas defensoras, según registros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Raimundo Nonato Silva o Oliveira fue asesinado en diciembre pasado, quien pertenecía al Movimiento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) en Araguatins, Tocantis
En noviembre de 2022, fueron asesinados los defensores guaraníes Cleijomar Rodrigues Vasques, defensor indígena Kalowá LGBTI en Armambal, Mato Grosso do Sul y Nhadesy Estela Verá, defensora indígena en Japorá, Mato Grosso do Sul.
Entre septiembre y octubre fueron víctimas de asesinato el líder indígena Yanomani Cleomar Xirixana en Napolepi, Alto Alegre.
Así como los defensores indígenas Pataxó Gustavo Conceicao en Comexatibá, Patax; Janildo Oliveira, integrante de la Guardiöes da Floresta, en Amarante do Maranhäo; Maranhäo; Jael Carlos Miranda Guajajara en Arame, Maranhäo, Y Vitorino Sanches, líder indígena Guaranía Kalowá en Amabal, Mato Grosso do Sul, quien había sobrevivido a un intento de asesinato en su contra.
Mientras Colombia fue calificado como el país en que más asesinatos registra este período. La OACNDUH verificó 26 casos, y otro 20 que se encuentran en proceso de confirmación de haber sido asesinatos contra personas defensoras.
Entre noviembre y diciembre, en Colombia fueron asesinados líderes y lideresas indígenas, comunitarios, afrodescendientes y sociales como : Filadelfo Anzola Padilla, municipio de San Pablo, sur de Bolívar; Yermi Chocué Camayo, en Morales Cauc. Así como, Edgar Omar Ayala Pinto en Cúcuta, Norte de Santander; Juvencio Cerquera en Sotará, Cauca y Francisco Sarco Pipicay; Carlitos Urágama Cano en Quibdó, Chocó, y Carlos Andrés Posada en el municipio de Ituango, Antioquía.
En los meses de septiembre y octubre, según registros, fueron asesinados líderes sociales Natanael Díaz, en Magangué, Bolívar, y el afrodescendiente Edinson Murillo Ararat en Santander Quilichao, Cauca, seguido de Rigo Alape y Ferney Morales, en Puerto o Leguizamo, en el departamento de Putumayo, y otro grupo de defensores registrados por el Defensor del Pueblo, haciendo un total de 215 asesinatos de personas defensoras durante el 2022, que evidenció que es un año con el mayor número de casos en Colombia desde el 2016.
“El Estado de Colombia informó a la Comisión (CIDH) estar investigando los casos mencionados e indicó que, desde el 2016, la Fiscalía Generación de la Nación cuenta con una estrategia específica para la investigación y judicialización de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país, bajo el estándar internacional de la debida diligencia”, señalaron.
“El Estado indicó que, actualmente la Unidad Nacional de Protección (UNP) protege a 3 mil 67 líderes sociales. Asimismo, destacó una serie de medidas que se estarían implementando a fin de rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, desde un enfoque diferencial individual y colectivo”, subraya.
La CIDH retomó el mensaje del Estado colombiano que manifestó “que uno de sus principales objetivos es el cese de estos asesinatos y agresiones”contra estas personas que a diario defienden los derechos humanos de forma individual o colectiva en sus comunidades o centros de trabajo.
Sobre la región centroamericana, la CIDH mencionó a Guatemala por el asesinato de Tereso Cárcamo Flores, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en la Aldea de La Paz, en el sector Jiménez, Jalapa, ocurrido en el mes de diciembre de 2022. Sobre el crimen, el Estado guatemalteco informó a l a CIDH que se encuentran realizando la investigación penal correspondiente, conduciendo las respectivas diligencias a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos e individualizar la responsabilidad de las personas responsables del hecho violento.
Similar lectura realizó la OACNUDH en Honduras, que registró el asesinato de dos personas defensoras en sus últimos cuatro meses del 2022. En diciembre fue asesinado Mauricio Esquivel, defensor de derechos humanos de la tierra y medio ambiente, en Tocoa, departamento de Colón. Y en octubre Melisa Núñez, defensora en Moroceli, departamento de El Paraíso.
En México las cifras de la OACNUDH indican que al menos cuatro personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. María del Carmen Vásquez, en Abasolo, Guanajuato en el mes de noviembre. Y en el mes de octubre , Jesús Manuel García, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el abmientalista Filigonio Martínez Merino en Santiago Jamiltepec, Oaxaca y Esmeralda Gallardo, en Puebla, Puebla.
En Perú, la OACNUDH registró el asesinato del indígena Vilca Ampichi López, defensor de derechos ambientales y jefe de la Comunidad Nativa de San Juan de Pachitea, ocurrido en diciembre, en Puerto Inca, Huánuco.
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados de El Salvador, Venezuela y México, a dejar los discursos “estigmatizantes” hacia personas defensoras de derechos humanos que puede generar una serie de circunstancias hacia la violencia.
“La Comisión (CIDH) recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos. Estos discursos provienen incluso de las más altas autoridades del Estado como en El Salvador, México y Venezuela”, manifesta.
La CIDH indica que el Estado de El Salvador destacó el “pleno reconocimiento y respeto hacia la labor de defensa de derechos humanos”, así como la garantía de su protección a través de una sola institucionalidad.
No obstante, la CIDH reiteró un llamado contundente a los Estados mencionados, con respecto a los los discursos estigmatizantes, y le recordó a los funcionarios su responsabilidad en la sana convivencia y generar un clima de paz en sus países.
“La descalificación de las labores realizadas por personas defensoras de derechos humanos a través de pronunciamientos públicos por parte de personas funcionarias del Estado, genera una estigmatización, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación”, advirtie.
La CIDH urgió también a los Estados mencionados a investigar de forma “exhaustiva, seria e imparcial” todos estos casos de asesinatos y vejaciones a las personas defensoras de derechos humanos en sus territorios.
“Tomen como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, los Estados deben buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico -racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas”, puntualiza.
