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Amnistía condena “política del odio” de Trump y la situación en Latinoamérica

Londres/AFP

Alfons Luna/James Pheby

Las “políticas demonizadoras” como las de Donald Trump abonaron el terreno a los abusos de derechos humanos en 2017, concluyó la oenegé Amnistía Internacional en su informe anual que denuncia la falta de progresos en Latinoamérica.

Esas políticas cristalizaron en la respuesta a la crisis de los refugiados en Estados Unidos y Europa, según Amnistía, citando como ejemplo la orden ejecutiva del presidente estadounidense prohibiendo la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

“En 2017, millones de personas por todo el mundo sufrieron el fruto amargo del aumento de las políticas de demonización”, dijo Amnistía coincidiendo con el lanzamiento del informe, por primera vez, en Estados Unidos, concretamente en Washington.

La organización con sede en Londres acusó a los países ricos de abordar la crisis de los refugiados “con una mezcla de subterfugios y absoluta insensibilidad”.

“La mayoría de líderes europeos han sido incapaces de afrontar el gran desafío de regular la inmigración de un modo legal y seguro, y decidieron que no hay prácticamente ningún exceso en sus esfuerzos por mantener a los refugiados alejados de las costas del continente”, añadió la organización.

Salil Shetty, la presidenta de la organización, acusó en particular a Trump.

La decisión de prohibir la entrada a los ciudadanos de varios países musulmanes “sentó las bases en un año en que los líderes llevaron las políticas del odio a su extremo más peligroso”, dijo.

“Las políticas de Trump pueden haber marcado una nueva era de regresión en los derechos humanos, pero no son exclusivas”, añadió Shetty.

“Si miras de Australia a Hungría, los líderes llevan tiempo tratando a los refugiados y a los inmigrantes como un problema a dejar a un lado”.

“Altos niveles” de violencia en Latinoamérica

La organización denunció, en su capítulo sobre las Américas, que “la discriminación y la desigualdad continuaron siendo la norma por todo el continente”.

“Los altos niveles de violencia siguieron asolando la región, con oleadas de asesinatos, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias”.

Los defensores de los derechos humanos sufrieron “crecientes niveles de violencia” y la “impunidad se mantuvo”.

“Sin duda estamos enfrentando un grave retroceso en materia de derechos humanos en el continente”, dijo a AFP Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Atribuyó esta crisis a “estrategias ineficientes” de los Estados para atender las necesidades básicas de su población, y a la “negligente respuesta” de estos Estados a la influencia del crimen organizado y a intereses económicos y políticos que perpetúan graves abusos.

La organización señaló en particular la extrema violencia que se vive en Brasil, El Salvador, Honduras y México, y calificó como “preocupante” el perdón concedido por Perú a su expresidente Alberto Fujimori.

En México, más de 34.000 personas siguen desaparecidas y “las ejecuciones extrajudiciales fueron abundantes”, además de la tortura y los malos tratos.

La organización saludó “el potencial paso adelante” tomado por el Senado mexicano con la aprobación de una ley para combatir e investigar las desapariciones.

En el caso de Brasil, Amnistía condenó la violencia policial en Río de Janeiro y el aumento de las violaciones de los derechos humanos en el resto del país.

Amnistía destacó sin embargo el surgimiento de una nueva era de activismo.

“A pesar de un contexto tan adverso para los derechos humanos, hemos visto a miles de personas tomándose las calles en protesta, demandando a sus Estados rendición de cuentas, cuestionando la impunidad”, dijo Guevara.

El informe también reservó críticas para el gobierno español de Mariano Rajoy por su tratamiento del desafío independentista en Cataluña.

“Los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica de los partidarios de la independencia de Cataluña fueron desproporcionadamente restringidos”, asegura el informe, citando en particular la respuesta policial al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

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