Amenaza de la octava hidroeléctrica en Sensunapán sigue latente

Comité indígena de Nahuizalco

Reducción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco mantiene su lucha en la defensa del río Sensunapán, en Sonsonate, frente a la amenaza de la 8ª represa hidroeléctrica que pretende construir una empresa y que ha buscado el apoyo de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

El Comité señaló, en la Universidad de El Salvador (UES), que a casi 22 años de “resistencia” que mantiene la comunidad “la amenaza de la octava hidroeléctrica sigue latente”. La empresa Sensunapán S.A de C.V. desde hace 22 años insiste en construir una octava represa hidroeléctrica sobre el río Sensunapán. Recientemente, con personal de la DOT, realizaron una visita al río.

“Tal situación generó una profunda preocupación en nuestras comunidades de Sisimitepec, Pushtan, Tacuituzla y Nahuizalco, pertenecientes, a la ancestral cultura náhuatl, al considerar que la empresa busca nuevamente obtener autorización para su proyecto extractivista, reingresando trámites ante las instituciones gubernamentales en los que solamente le cambia el nombre”, denunció Amílcar Salama, miembro del comité.

El 17 de septiembre de este año, la comunidad fue testigo de que la empresa que pretende realizar este proyecto, Sensunapán S.A. de C.V., junto con personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), llegaron a la comunidad sin especificar los motivos; sin embargo, la comunidad advierte que se trata de obtener permisos de construcción. Los habitantes no pudieron platicar con ellos a pesar de que los intentaron abordar.

La DOT fue creada por el oficialismo a finales de 2024, esta nueva institución sería la encargada de entregar autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización.

La DOT es la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo. Esto para simplificar los trámites y los permisos. De hecho, todas las solicitudes de permisos que estuvieran en el Ministerio de Medio Ambiente debían ser enviadas a la DOT.

El comité pidió ante los medios de comunicación “una reunión urgente” con representantes de la DOT, ya que advierten que la construcción de la represa causaría daños a los cultivos y afectaría a las comunidades locales.

Gloria Anaya sostuvo que “durante más de 22 años han estado en resistencia en contra de la construcción de la octava hidroeléctrica, que significaría “una amenaza para la vida de todas las comunidades”. Serían miles de familias las que resultarían afectadas, ya que el río Sensunapán “es la principal vena de vida que tiene la zona”.

A juicio de Anaya, los ríos son también fuentes de vida, de hábitat, y de biodiversidad. Anaya y el colectivo exigieron el respeto a los derechos humanos, a la madre tierra y a los ríos. La defensora hizo un llamado a las nuevas generaciones, para unirse y luchar contra este problema, ya que es principalmente a las nuevas generaciones las que se verán afectadas.

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco sostuvo que han trabajado por años y todo lo han hecho “por la vía legal”. “Si ellos vieran bien que el trabajo se ha hecho bien, a esta altura no deberíamos de estar en este proceso. Incluso, ellos nos deberían de ayudar a proteger los lugares sagrados que tenemos en nuestro lugar; y en lugar de proteger, quieren ir a terminar de destruir nuestros lugares sagrados”, dijo uno de los representantes del Comité.

A principios de 2020, La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla emitió medidas cautelares para proteger el río Sensunapán, esto para evitar la construcción de la octava represa hidroeléctrica en su cuenca. Sin embargo, en febrero de 2023, la Cámara Ambiental archivó las medidas cautelares, alegando que ya se habían cumplido.

Organizaciones sociales y medioambientales como UNES, FESPAD y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate denunciaron, en su momento, que el plan de protección no se había ejecutado y tampoco se había actualizado la política pública para pueblos originarios.