Alimentación en riesgo y fragilidad económica, El Salvador ante un futuro en escasez

Por: Luis Rafael Moreira Flores

 La Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, espacio donde se abordan los retos estructurales del país. Durante la jornada de este sábado, los ponentes Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), y Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), coincidieron en que El Salvador atraviesa un momento crítico caracterizado por la vulnerabilidad alimentaria, los retos estatales y una fragilidad macroeconómica disimulada bajo narrativas de bonanza sectorial.

La crisis del agro: sequía, abandono y dependencia alimentaria

Luis Treminio advirtió que El Salvador se encamina directamente hacia una «tormenta perfecta», impulsada por los efectos irreversibles de la crisis climática, la apatía estatal y una creciente dependencia de los mercados internacionales. De acuerdo con el titular de CAMPO, la advertencia no pertenece al terreno de las especulaciones futuras, sino a la realidad cotidiana que ya asfixia al sector agropecuario nacional.

La escasez hídrica emerge como uno de los factores más alarmantes. Treminio señaló que el país carece de infraestructura básica y de planes gubernamentales efectivos para la retención de agua durante las épocas secas. Las proyecciones oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipan una presencia dominante del fenómeno de El Niño, lo que derivará en periodos de sequía prolongada y en la reducción drástica de los niveles en los embalses del país.

En materia de producción de cereales, las proyecciones para el ciclo 2026 anticipan una demanda nacional total de 25 millones de quintales. Frente a este requerimiento, la cosecha del país penas alcanzará los 19.16 millones de quintales, dejando un déficit superior a los 5.83 millones de quintales. Al desglosar este balance por cada cultivo fundamental, la brecha resulta crítica:

• Maíz: Ante un consumo proyectado de 18.8 millones de quintales, la producción interna será de solo 14.03 millones, registrando un déficit de 4.77 millones de quintales.
• Frijol: El consumo alcanzará los 2.4 millones de quintales frente a una producción de 2.025 millones, resultando en un déficit de 375,000 quintales.
• Sorgo: Se demandarán 2.9 millones de quintales frente a una recolección de 2.4 millones, con un saldo negativo de 500,000 quintales.
• Arroz: Con un consumo estimado en 900,000 quintales y una cosecha de 712,500 quintales, el déficit se situará en 187,500 quintales.

Lejos de percibir una recuperación, las perspectivas para el ciclo 2027 extienden la alerta. Aunque se prevé un ligero ajuste en la producción total de cereales alcanzando los 20.6 millones de quintales, el déficit global continuará sobre los 4.4 millones de quintales. En ese periodo, la cosecha de maíz logrará 15.96 millones de quintales frente a los 18.8 millones requeridos; el frijol caerá a 1.95 millones de quintales (ampliando su déficit a 450,000 quintales); el sorgo bajará a 2.24 millones (con un déficit de 660,000); y el arroz sufrirá una caída drástica a 450,000 quintales, cubriendo apenas la mitad del consumo nacional.

Treminio enfatizó la imperiosa necesidad de diferenciar entre seguridad alimentaria —el acceso físico y económico permanente a alimentos suficientes— y soberanía alimentaria, definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas priorizando la producción local. A su juicio, El Salvador no solo carece de soberanía alimentaria, sino que pierde rápidamente la capacidad de garantizar la seguridad de su población.

A la problemática climática se suma el paulatino abandono del campo por parte de las nuevas generaciones. Ante la ausencia de créditos, seguros agrícolas e incentivos, las juventudes rurales optan por la subsistencia mediante las remesas familiares, interrumpiendo el relevo generacional en la agricultura.

Esta incapacidad de autoabastecimiento se refleja también en el contexto centroamericano. El Salvador registra el consumo per cápita de maíz más alto de la región (312 libras anuales por persona), liderando los déficits del istmo mientras países como Nicaragua u Honduras mantienen balances positivos. En el ámbito pecuario, el país arrastra un déficit de 749,647 quintales en carne de res y de 5.62 millones de quintales en lácteos. Las excepciones positivas se limitan a la carne de cerdo (superávit de 221,363 quintales), café (316,681 quintales) y una producción avícola con un superávit de más de 190 millones de unidades de huevo.

Para suplir estas carencias, las importaciones han aumentado de forma sistemática. Datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que entre 2024 y 2025 el gasto en importación de cereales creció un 29.2% (de $373.68 a $527.80 millones), la carne subió un 14.0% (hasta $399.82 millones) y los lácteos un 14.1% (alcanzando $350.80 millones), exponiendo la economía familiar a la volatilidad de los precios internacionales.

 

La paradoja macroeconómica y la vulnerabilidad regional

Por su parte, Danilo Pérez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), analizó la coyuntura económica nacional con base en estudios macroeconómicos de la región centroamericana, cuestionando las lecturas sobre el crecimiento económico.

Pérez explicó que el dinamismo registrado en el Producto Interno Bruto (PIB) obedece principalmente a la expansión del sector construcción impulsado por inversión privada, así como al transporte y al turismo. No obstante, sectores sociales prioritarios como salud, agua y servicios públicos experimentaron caídas, al tiempo que la agricultura continuó excluida de la agenda de desarrollo.

Desde la perspectiva macroeconómica, los indicadores expuestos por el CDC ubican a El Salvador en una posición de fragilidad estructural frente a sus vecinos centroamericanos:

• Déficit comercial: Alcanza el 32% del PIB, posicionándose como el más elevado de la región centroamericana.
• Deuda pública: Se sitúa en un 77% del PIB, sostenida mediante la emisión constante de títulos de deuda.
• Déficit fiscal: Registra un 4.2% del PIB, reflejando un nivel de gastos que supera ampliamente los ingresos estatales.
• Informalidad laboral: Afecta al 65% de la población activa, en un contexto donde el sector privado muestra estancamiento en la creación de empleo formal.
• Dependencia de remesas: Representa un 25% del PIB nacional.

El análisis señala además que el sector externo muestra un desequilibrio marcado y advierte que industrias como la maquila textil enfrentan vulnerabilidades ante la revisión regional de las reglas de origen, dado que el país opera fundamentalmente bajo un esquema de ensamblaje sin producción local de insumos textiles.

 

Las ponencias presentadas en la UES concluyen que la narrativa de bonanza basada en la construcción y el turismo resulta insuficiente para sostener la estabilidad del país a largo plazo. Sin una política integral que promueva el desarrollo agropecuario, construya infraestructura hídrica y atienda los desequilibrios fiscales y la informalidad, El Salvador profundizará su dependencia externa, comprometiendo la sostenibilidad económica y el acceso a los alimentos de la población.