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Según Cristosal ante CIDH
Rosario Rivas
@DiarioCoLatino
La organización de derechos humanos Cristosal, en el último día del 194 periodo de CIDH, expuso la situación que viven los abogados en El Salvador bajo el régimen de excepción.
David Morales, quien participó junto a otros abogados este 21 de noviembre de 2025 en la audiencia sobre la situación de personas abogadas en la región, desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso que más de 12 abogados han dejado El Salvador ante el riesgo de ser capturados.
Morales hizo un recuento de capturas de abogados a partir del mes de mayo de este año.
Entre los capturados están la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López; Enrique Anaya, abogado constitucionalista, Alejandro Henríquez defensor de medio ambiente y los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), quienes se encuentran asilados en España, con notificaciones rojas de Interpol.
La situación de estos juristas preocupa a otros profesionales con alto perfil público, que abandonaron El Salvador ante el riesgo inminente de ser detenidos.
A esta lista se suma la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, así como Joya y Cruz quienes cuentan con protección ante una difusión roja para su captura por un proceso judicial en su contra.
«La consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencias restricciones al ejercicio de la abogacía”, dijo Morales.
Y agregó que también en los ámbitos del sistema penal, derechos humanos, lucha del medio ambiente, denuncias de corrupción, se ven afectados.
Estos ataques han sido expuestos publicamente desde el gobierno en contra de organizaciones sociales y abogados.
Además, han sido constantes y la situación de abogados defensores en el marco del régimen de excepción se ha visto afectada por el acoso del gobierno.
«Hay un riesgo para los profesionales que ejercen la defensa técnica en procesos penales relacionados al régimen de excepción”, señaló Morales.
Entre estos riesgos están que sufren limitaciones procesales inaceptables, se les impide el contacto con sus representados y en muchos casos cuando tienen órdenes de libertad éstas no son acatadas.
O en casos extremos los profesionales han reportado intimidaciones en su contacto con autoridades, seguimientos en vigilancia tras las audiencias, vigilancia frente a sus hogares y ataques amenazantes en redes sociales, entre otros.
Para Cristosal y otras organizaciones civiles la denuncia sobre estas violaciones ha sido permanente, tambien han denunciado la criminalización y limitación de su trabajo con la población debido la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, que tiene la facultad de aplicar un impuesto del 30% a las donaciones recibidas.
