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“Con el recurso de apelación la Fiscalía busca que se anule la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, y revocar el pronunciamiento público del presidente de la República donde debe pedir perdón”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El presidente y director de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados de los tres militares responsables del asesinato de los cuatro periodistas holandeses presentaron un recurso de apelación para que se revoque el veredicto.
Con este recurso también se busca anular la responsabilidad civil subsidiaria o compensación económica del Estado salvadoreño y quedaría sin efecto el pronunciamiento público para pedir perdón por parte del presidente de la República a las víctimas por el retardo de justicia.
“Nos ha sorprendido mucho, es una acción judicial de mala fe, significa que la Fiscalía no piensa ni se pone del lado de las víctimas, pero en este país todo puede suceder; la lucha contra la impunidad en El Salvador continúa, nosotros vamos a seguir porque las víctimas tienen que ser el centro, no los victimarios”, aseguró Pérez.
Una jueza de primera instancia del municipio de Dulce Nombre de María, Chalatenango, informó a la Fundación Comunicándonos que la apelación fue presentada el pasado 8 de julio ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, la cual analizará lo solicitado por la Fiscalía, para brindar una resolución que podría llevar días o meses.
El pasado 3 de julio, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, emitió la sentencia completa en el caso por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La sentencia judicial ratificó la responsabilidad penal del exministro de Defensa, general José Guillermo García; del exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y del excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Según la sentencia, los tres altos mandos militares fueron condenados a 15 años de prisión cada uno, pero se aclaró que estos años cuentan por cada uno de los 4 asesinatos, sumando un total de 60 años de condena.
Sin embargo, en la sentencia se detalla que, conforme al Código Penal vigente en 1973-1974, la pena máxima efectiva por el delito de asesinato era de 30 años, por ello, cada uno de los militares condenados cumplirá 30 años de prisión efectiva.
Además de la condena penal perderán sus derechos ciudadanos y cumplirán su pena en el Hospital Bautista, donde García y Morán permanecen detenidos desde octubre de 2022, siempre y cuando tengan los recursos económicos para costear su estadía.
En caso contrario, la Dirección General de Centros Penales deberá asignarles un centro penitenciario o se les designará un hospital público nacional.
La sentencia también estableció la posibilidad de que los familiares de los periodistas holandeses demanden responsabilidad civil contra los militares condenados, si así lo deciden, en los juzgados correspondientes.
Para la Fundación Comunicándonos, organización representante de las familias de los periodistas holandeses, este caso sería el primero que alcanza una sentencia favorable donde se condenan a victimarios quienes llegaron a ocupar las esferas más altas de poder militar y estatal.
Los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fueron asesinados durante una emboscada ordenada y planificada por los tres militares de alto mando, que eran parte de la cúpula del Ejército que dirigió los primeros años de la guerra civil durante 1980-1992.
Los periodistas se encontraban en el país documentando los efectos del conflicto armado en las familias empobrecidas de las zonas rurales, a quienes la Fuerza Armada acusaba de ser simpatizantes de los guerrilleros.
La versión oficial del gobierno salvadoreño sostenía que los periodistas habían quedado atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, sin embargo, investigaciones posteriores, incluyendo una de las Naciones Unidas en 1993, concluyeron que se trató de una emboscada premeditada.
La Ley de Amnistía de 1993 impidió que los responsables fueran procesados judicialmente en ese momento.
Los periodistas salieron del hotel rumbo a Chalatenango a las 2 de la tarde del 17 de marzo, dos horas después se detuvieron en el Puente Dorado, que marcaba la frontera entre el gobierno y el territorio guerrillero.
Cuando pasaron por el cuartel El Paraíso notaron que un Jeep comenzó a seguirlos, pero finalmente se alejó, aproximadamente a las 5 de la tarde los periodistas y su guía subieron la calle Santa Rita que conecta El Paraíso con el cantón Piedras Gordas, Santa Rita y San Rafael, donde se encontraron con tres guerrilleros, el chofer, Armin Friedrich Wertz, regresó a San Salvador, porque los holandeses planeaban quedarse con ellos varios días.
Caminaron por la zona montañosa, y a las 5:20 pm, fueron emboscados por el ejército. Según la Comisión de la Verdad, los militares los esperaban para asesinarlos.
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