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Por: Iván Escobar
Colaborador
Las poblaciones indígenas en El Salvador recuerdan este mes de enero, el 90 aniversario de la masacre indígena, ordenada por el dictador General Maximiliano Hernández Martínez, en 1932, que dejó una lesión grande en la comunidad ancestral. A casi 100 años del etnocidio, los abuelos y abuelas siguen reclamando sus derechos, resistiendo y luchando contra la marginación y explotación de la que aún son víctimas.
¡Hasta cuándo nos van a responder, si yo estoy muriendo! Es una frase constante que expresan los abuelos sobrevivientes del 32´ en cada encuentro que tienen, nos comparte Pedro Rodríguez, originario de Nahuizalco y experto en la temática, quien añade que estas expresiones dejan en claro que hay una deuda del Estado salvadoreño con el pueblo indígena, en pleno siglo XXI.
Las poblaciones indígenas sufren desde la colonización de estas tierras la represión, persecución y ataque constante a sus derechos. En 1833, las poblaciones indígenas de los Nonualcos se rebelaron contra el Estado y las familias del poder económico ante la explotación que sufrían con la producción del Añil, una fuente económica importante en la colonia, pero que para las poblaciones indígenas sólo representó violaciones a sus derechos.
De la mano de Anastasio Aquino, líder indígena nonualco, la resistencia se emprendió y elevaron su voz, a cambio el Estado, les persiguió y asesinó, los calificó de enemigos.
Un siglo después, en 1932, las poblaciones indígenas cansadas de ser explotadas, marginadas y perseguidas, se levantaron en el occidente del país en medio de la crisis económica y social de la época, a partir de la caída de los precios del café, y los problemas emanados por la expropiación de las tierra ejidales y comunales. Nuevamente el Estado, de la mano con el gobierno dictatorial de Martínez persiguió toda voz crítica y organizada, y los acusó de vínculos con el comunismo internacional.
Los líderes indígenas Feliciano Ama, Francisco Sánchez, junto a otros líderes locales de occidente, sumaron su resistencia y acompañaron aquella lucha, que también impulsaba el partido comunista salvadoreño, a través de Farabundo Martí, quien fuera capturado el 19 de enero de 1932, junto a los estudiantes universitario Alfonso Luna y Mario Zapata, posteriormente ejecutados por el régimen acusados de alimentar la insurrección.
La insurrección en la noche de enero
Las poblaciones indígenas libraron una lucha en diversas poblaciones del occidente del país, sabían que estaban en desventaja armamentista, pero tenían el coraje y la decisión firme de luchar por sus derechos. Aunque el gobierno de turno ejerció una persecución generalizada en todo el país, que llevó a muchos indígenas a ocultar su identidad, su origen y el náhuat lo dejaron de hablar.
El libro “El Salvador, 1932”, de Thomas R. Anderson, relata los hechos, en el capítulo séptimo, en el cual recuerda los acontecimientos acaecidos en las poblaciones de Juayúa y Nahuizalco. “Entre el 19 y el 21 de enero comenzaron a llegar a la capital noticias alarmantes. El gobierno, que había decretado el Estado de sitio, se dispuso a la defensa de la ciudad, concentrando a la guardia; pero estos esfuerzos, como los de los comunistas tratando de detener la rebelión, fueron hechos con timidez. El país caminaba como un sonámbulo hacia el desastre”, vaticinó el investigador. Y añade, que el líder indígena Francisco Sánchez, figura considerada por las autoridades militares de turno como “radical” y “agresiva”, representó un bastión fuerte en la resistencia. “…era un campesino pobre, tenía bastante ascendencia entre los de su raza, y cuando le convencieron de que se uniera al movimiento revolucionario, arrastró consigo a toda la comunidad”, registra Anderson.
Las represas una nueva forma de represión
Hoy en días las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas no faltan, “en 1883 expropiaron las tierras a nuestros abuelos”, hoy la pobreza, marginación, y la explotación de sus recursos naturales son las nuevas formas represivas.
“Aquí en Nahuizalco tenemos todavía lugares para nosotros sagrados, que están invadiendo las represas. En nuestro territorio hay siete represas donde se han posesionado de nuestros ríos, nos quitaron nuestros ríos, nos quitaron nuestros territorios, porque muchos abuelos no tienen tierra, se las quitaron con engaño”, recuerda Rodríguez. Y lamenta que el Estado, las autoridades gubernamentales no se preocupen por las necesidades básicas de las poblaciones indígenas. “El salvoconducto que les entregaron (en 1932) era para masacrarlos, en este momento no sentimos que hayamos avanzado”, valora.
Destaca que si bien la Constitución de la República de El Salvador, les reconoce como poblaciones originarias, eso no se traduce en un bienestar digno para las mismas. Hay una política de pueblos indígenas “pero no tenemos un presupuesto, y ahora estamos luchando para tener una Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Cabe destacar que la actual Asamblea Legislativa, literalmente desechó el proyecto de Ley de Derechos de Pueblos Indígenas que la legislatura (2018-2021) había logrado avanzar. Rodríguez enfatiza que de no contar con estos instrumentos legales, la invisibilización sigue presente.
“Nos van matando pausa a pausa, si es que los proyectos se llevan a cabo, porque el desarrollo no es para nosotros, porque en extrema pobreza estamos…la riqueza es para un grupito minoritario”, reiteró.
Otra deuda por ahora, que las comunidades y en particular las de la zona occidental siguen reclamando al Estado, es el Fondo Solidario, “como población afectada de 1932, no avanza y, entonces, nuestros abuelos, los que todavía sobreviven, muchos de ellos ya tienen 90 años, ya son pocos los que quedan”.
Los indígenas salvadoreños solo reclaman sus derechos, una vida digna, salud, vivienda, atención desde el Estado, el pago del bono solidario que nunca llega, “mucho tiempo hemos luchado para que se les entregue”, precisa.
Quienes trabajan junto a las comunidades indígenas en resistencia ven con preocupación que el tiempo pasa y no hay respuesta desde el Estado para estas personas que sobrevivieron a la mayor represión a principios del siglo pasado.
Pedro Rodríguez destaca que a casi 100 años de la masacre, “todavía estamos en resistencia por el modelo de poder y gobernabilidad”. Ha costado que se les reconozca por autoridades locales y estatales, ha sido una lucha intensa.
