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Luis Armando González
Desde siempre, quienes han cometido crímenes atroces en contra de personas inocentes han buscado, por todos los medios a su alcance, no solo que sus crímenes sean olvidados, sino que ni siquiera se guarde un recuerdo de las víctimas. Borrar de la memoria colectiva sus atrocidades y borrar de la memoria colectiva la identidad de sus víctimas: esa ha sido (y es) la estratagema de cuantos, en la historia de la humanidad, han asesinado sin piedad a hombres y mujeres –sin distingos de edad— en nombre de credos e intereses inhumanos.
Se ha tratado de un asalto a la memoria histórica, pisoteada una y otra vez a partir de argucias que han ido desde manoseos a la legalidad, pasando por la proclamación de enunciados como el “perdón y el olvido” o “no hay que abrir de nuevo las heridas”, hasta simple y llanamente la negación (o el ocultamiento) de lo sucedido.
Los victimarios no han estado solos en este asalto a la memoria histórica: ideólogos y publicistas del más distinto pelaje se han dado a la tarea de torcer los hechos históricos, ajustándolos a la conveniencia de aquellos. Unos y otros merecen ser sentados en el banquillo de los acusados: los unos, por asesinos; y los otros por torcer, a cambio de prebendas o reconocimientos emanados del poder, la realidad histórica, a partir de interpretaciones endebles e interesadas.
Es de esta tergiversación que nace la “historia de los vencedores” (o mejor dicho, la “historia de los victimarios”), que es la que se erige como la “verdad” proclamada, escrita y leída desde los círculos en los cuales lo que menos cuenta es el dolor real de las víctimas. Irradiada, desde estos círculos hacia el conjunto de la sociedad, esa “verdad” fomenta no solo la mentira histórica, sino la desmemoria y el olvido, condenando a las víctimas a una no-existencia histórica. Porque, en definitiva, la finalidad última de los victimarios es borrar de la historia sus crímenes, lo cual no puede lograrse sin borrar de la historia la existencia misma de quienes los padecieron.
Los vencedores los son porque tienen el poder: económico, político y cultural-educativo. Es de ese poder del que se valen para condenar a las víctimas a una no-existencia histórica. En distintas experiencias de dolor colectivo, los victimarios y sus cómplices, casi se salieron con la suya, especialmente ahí donde las voces de las víctimas sobrevivientes o sus familiares (o personas solidarias con lo humano) fueron apagadas con la violencia y la persecusión.
Sin embargo, ahí donde ha estado vivo un aliento de resistencia y defensa de la memoria histórica, las víctimas han seguido existiendo, con su identidad y su sufrimiento. Asimismo, los victimarios lo han seguido siendo; mientras que sus ideólogos y publicistas han sido reconocidos como lo que son: unos falsificadores de la historia, a la par que cómplices de criminales sin escrúpulos.
En El Salvador a las víctimas del terror estatal y paramilitar de los años setenta y ochenta se las quiso condenar a la no-existencia y sus verdugos, junto con sus cómplices y financistas, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que sus crímenes fueran borrados de la historia.
La derecha (política, empresarial y mediática) arremetió con todo en contra de la memoria histórica. Los veinte años en el poder de ARENA (1989-2009) le permitieron erigir una versión de la historia reciente según la cual las víctimas del terror militar y paramilitar no tienen presencia ni identidad. En esta historia desde el poder de derecha, Alfredo Cristiani ha sido calificado como “presidente de la paz” y la guerra civil ha sido reducida a un “conflicto”.
En esta visión, no hay víctimas inocentes ni crímenes de la lesa humanidad, sino “bajas” de los bandos en “conflicto”.
Con todo, en la historia real sí hubo víctimas inocentes y crímenes inhumanos, siendo estos últimos ordenados y perpetrados por agentes que actuaban en nombre o bajo el amparo del Estado. Y por más que la derecha, durante 20 años, haya intentado borrar de la historia a las víctimas, su recuerdo siempre se mantuvo vivo, al igual que el drama que marcó sus vidas y su destino final en el asesinato a mansalva.
El Mozote es, justamente, un símbolo de esa memoria. En ese lugar, cuando la guerra civil comenzaba, se hizo presente la barbarie, a manos del Batallón Atlacatl –entrenado y financiado por Estados Unidos—, en contra de la población civil indefensa e inocente. 978 personas (de las cuales 553 eran menores de edad) fueron ejecutadas sin miramientos en el Mozote, en 1981.
Se trata de un crimen de lesa humanidad que la derecha quiso ocultar durante más de 20 años, pues inmediatamente después de los hechos comenzó la campaña para su ocultamiento. El mejor emblema de este asalto a la memoria es haber convertido en héroe militar al coronel Domingo Monterrosa, responsable de ese crimen colectivo.
Por supuesto que la derecha no se salió con la suya. Víctimas, sobrevivientes, familiares, vecinos, amigos y estudiosos comprometidos no permitieron ese asalto a la memoria histórica. Al principio en el marco de un clima de abierta represión y posteriormente (después de 1992) en el marco de un abandono y desprecio oficial, el recuerdo de El Mozote, la identidad de quienes fueron asesinados, los hechos que llevaron a su muerte y la identificación de los asesinos se mantuvieron vivos en aquella zona de Morazán y también, aunque de manera difusa, en el resto del país.
A partir de 2009, con el triunfo electoral del FMLN en las elecciones presidenciales, las víctimas no solo de El Mozote, sino de otros lugares en los que se produjeron asesinatos colectivos, a manos de agentes estatales o paraestatales, comenzaron a ser reconocidas como tales desde el gobierno y, por extensión, desde el Estado.
A partir de entonces es que se aceptó, desde el gobierno, la responsabilidad del Estado en esos crímenes de lesa humanidad. El gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén no solo ha dado continuidad a esa filosofía de reconocimiento de las víctimas, sino que ha trazado líneas de acción orientadas a la reivindicación del derecho de las víctimas a ser honradas en la memoria colectiva, los mismo que del derecho de las víctimas sobrevivientes, sus familias y sus comunidades a una reparación y a una justicia plena.
Se habla aquí de una visión totalmente distinta a la fraguada por la derecha, y que aún tiene que ser desmontada, pues goza de adeptos en distintos ambientes del país. Se habla aquí de un gobierno que reconoce que desde el Estado se cometieron crímenes aborrecibles en contra de personas (comunidades) inocentes e indefensas, cuya memoria y derechos deben ser reconocidos y respetados. Este es el mejor significado que se puede dar a la presencia del Presidente Sánchez Cerén, en El Mozote, el pasado sábado 9 de diciembre.
Fue a honrar la memoria de las víctimas. Hizo suya la defensa de la memoria que, desde el día de la masacre, han venido haciendo sobrevivientes, familiares y amigos de quienes fueron asesinados aquel fatídico 11 de diciembre de 1981.
