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José M. Tojeira
Hace 200 años en El Salvador se decretaba la unión de nuestro país con Estados Unidos para preservar la libertad. En ese momento nuestra patria estaba con toda Centroamérica bajo control del imperio Mexicano. También hace doscientos años, por estas misma fechas de marzo, caía el proclamado emperador de México, Agustín Iturbide y comenzaba a fraguarse definitivamente la independencia republicana de nuestras tierras, con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica.
En febrero de 1823 se iniciaba una revolución contra Iturbide, éste renunciaba a la corona imperial en marzo y a finales de ese mismo mes se anunciaban las elecciones para el Congreso de la Provincias Unidas de Centroamérica que ratificaría la independencia y redactaría la nueva y primera constitución centroamericana.
A doscientos años de esa fecha no se habla mucho de lo ocurrido en ese momento. Pero es entonces, y con una Asamblea Constituyente, cuando comienza a ser real la independencia centroamericana. Y cuando comienzan a discutirse los problemas reales de una Centroamérica que sale de su dependencia colonial con una estructura social profundamente injusta. Ahí se discutió la abolición de la esclavitud y nuestros países fueron los primeros en abolirla en América después de Haití. Se discutió también la pobreza de los indígenas e incluso algunos lucharon por un sistema fiscal que no dañara a los pobres. Y se redactó una constitución que tardó en ser superada en sus valores y derechos después de la división del estado centroamericano en pequeñas repúblicas.
Hoy, cuando la Constitución es un texto que se puede interpretar arbitraria y caprichosamente, no es fácil celebrar un acontecimiento, el de hace 200 años, del que se podrían deducir valores para la convivencia, no solo hacia dentro de nuestras repúblicas, sino hacia el conjunto de nuestros cinco países que, divididos y golpeados por el autoritarismo, no tienen grandes perspectivas de futuro. Y más cuando la constitución de ese momento era partidaria de una real igualdad en dignidad de las personas y enemiga de las desigualdades.
En consecuencia con la igualdad legal de los ciudadanos, la Asamblea Constituyente anuló todos los tratamientos que implicaban una mayor distinción como majestad, alteza, excelencia y señoría. Algo que ni en la actualidad respetan los políticos ni los jueces, engreídos con las palabra y títulos que les distinguen del pueblo. Dentro de aquel profundo sentimiento de igualdad democrática, incluso el título de “don” se eliminó como atributo de la gente importante y paso a formar parte del trato general de las personas iguales.
Olvidar el pasado y pensar que todo será nuevo desde la actualidad en adelante, por la simple razón de que hemos pasado a ser en la práctica un país de partido único, es desconocer tanto nuestra historia particular como muchas experiencias internacionales en los que los países de partido único generaron graves dificultades al desarrollo. Recordar los pasos importantes de nuestra historia y saber valorarlos en el presente resulta indispensable para crear una identidad esperanzada y activa en la construcción de un futuro más justo.
