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Redacción Nacionales
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El Socorro Jurídico Humanitario informó que de enero a lo que va de febrero del presente año, unas 17 personas detenidas bajo el régimen de excepción murieron durante su cautiverio.
Socorro Jurídico, que lleva el recuento de las víctimas mortales, gracias a la información que brindan las familias de los fallecidos, asegura que hasta el 8 de febrero han muerto un total de 487 presos.
De parte del gobierno no se recibe ninguna información, además este tipo de información la mantienen en reserva, como todo lo que ocurre en las instituciones públicas.
La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, exiliada en México, adelanto que el año 2026 podría convertirse en el más mortífero desde la implementación del régimen de excepción, que se mantiene vigente desde 2022.
Escobar señala que muchas de las personas fallecidas padecían enfermedades como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal.
Estas condiciones, ha expresado la defensora de los Derechos Humanos, se agravan dentro del sistema penitenciario debido a la falta de atención médica adecuada, seguimiento y condiciones dignas en los centros penales.
Además, sostiene que varias de estas muertes eran evitables, ya que con un tratamiento oportuno y adecuado las personas pudieron haber sobrevivido.
“Mmuchas de las personas fallecidas no habían sido condenadas, sino que se encontraban en proceso judicial, por lo que insiste en que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia”, añadió Escobar a través de las redes sociales.
Socorro Jurídico hizo un llamado a la sociedad en general, a no normalizar las muertes bajo custodia del Estado, tras inisistir también en la necesidad de garantizar el derecho a la salud y a la vida de todas las personas privadas de libertad, independientemente de su situación jurídica.
Recientemente, Human Rights Watch (HRW) advirtió que las autoridades salvadoreñas han incurrido en violaciones de derechos humanos “generalizadas”, entre ellas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos en centros de detención y violaciones al debido proceso.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también han documentado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas, torturas y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. Las autoridades no han informado de la imputación, procesamiento ni condena de ningún policía o militar en relación con estos abusos.
En un informe de septiembre de 2024, la CIDH identificó “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos” e instó a las autoridades a poner fin al régimen de excepción.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador, asegura que unas 30 mil de los 80 mil personas encarceladas son inocentes, es decir no pertencen a pandillas.
«Muchos de los detenidos no tienen vínculos aparentes con la violencia de las pandillas. Las detenciones suelen basarse en pruebas no corroboradas o falsas, incluyendo la apariencia física, tatuajes de cualquier tipo, llamadas anónimas y la presión para cumplir con cuotas de arrestos», confirma HRW.
