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Luis Arnoldo Colato Hernández
El reciente fallecimiento del señor Francisco Flores extingue las acciones legales que en contra de su persona se iniciaron por peculado, help lavado de activos y desobediencia, pilule sin embargo, abre la puerta para que se inicie el proceso civil contra aquellos individuos, conocidos mediante investigaciones adelantadas por la Asamblea Legislativa y que arrojó los nombres de estos, además del monto que cada uno se agenció, así como al partido político al que pertenecen, que contribuyeron de modo directo para que el ex presidente concretara los delitos por los que se le indició.
En el mismo sentido no cabe ya ninguna investigación pues finalmente y luego de negarlo virtualmente desde el principio del proceso, el presidente del tal partido político ha admitido públicamente que éste se agenció los dineros en cuestión, alegando que estos fueron una donación a su partido, embarcado en la campaña que llevó a la presidencia al ciudadano Elías Antonio Saca, por lo que “…él debería dar cuentas…”; sin embargo, son los elementos administrativos – tesoreros, contadores, etcétera – quienes reciben formalmente e ingresan estos recursos a los activos del partido, por tanto, es la estructura del mismo y no particulares quienes deben dar cuentas de tales transacciones, para aclarar al soberano el destino de los tales, y recuperarlos para los fines que supuso tal donación de parte de Taiwán.
Es decir, otro uso y otra interpretación solo cabe como el delito por el cual inicio éste proceso.
Cabe en éste punto que en aras de transparentar el proceso, garantizando la recuperación de los bienes en cuestión, y de paso recuperando la confianza del público en la fiscalía, tan ausente de ella al igual que todo el aparato judicial, y tomando la palabra al actual fiscal quién ha señalado los malos manejos de su antecesor, quién además incurrió en desacato al negar información que sobre el tema el juez de la causa solicitó, derivando en acciones de encubrimiento y fraude procesal, intentando coaccionar a los acusadores particulares en el proceso y reuniendo así todas las características de un proceder por cohecho.
Hay que subrayar que sobre ésta persona también existen graves indicios de enriquecimiento ilícito que nunca explicó cuando los señalamientos se hicieron públicos, todo lo cual refiere la urgencia que también sobre él se inicie una investigación que aclare tanto la situación como su proceder.
Lo anterior es estrictamente procedimental por lo que su aclaración se hace necesaria para allanar el tema de la campaña mediática emprendida con la intención de dar por concluido éste proceso, aún con el dramático fallecimiento del principal sospechoso, y que no tiene otro propósito que gestionar de la población no solo pena por la pérdida del ex presidente, sino también la simpatía hacia el interés de asegurar la impunidad de los responsables sobrevivientes, quienes hacen de la apropiación de los bienes públicos para sus propios intereses una gestión que se basa en burlar la norma legal, aprovechando las debilidades del aparato judicial por lo permeable que es a los manejos indebidos y que perpetúan la injusticia estructural que padece nuestra sociedad, por lo que ahora debe, luego de los reiterados fracasos cuando se trata de garantizar los intereses del soberano, realizar una labor que asegure la justicia y de paso, y hasta con extrañeza, la ciudadanía sueñe con la posibilidad de que los estamentos legales le representen tal cual el pacto social lo reza, y no siga siendo quién aspire bajo otro cielo, a la justicia.
Transcurridas las primeras semanas en el cargo, el nuevo fiscal ha tenido el tiempo debido para no solo evaluar la estructura fiscal sino su estado actual, el cual demanda una re ingeniería de la que ya vemos al menos, el reconocimiento de los malos manejos que tal institución realiza, por lo que ahora corresponde arremangarse y poner manos a la obra para concretar los cambios que vuelvan eficiente a la institución y pueda cumplir la tarea de defender los intereses del estado salvadoreño, lo cual y de hacerlo del modo debido solo puede producir una meta: la recuperación de tales bienes así como el procesamiento de los cómplices del indiciado fallecido. Otro resultado solo profundizará la desigualdad, la injusticia social, además de la desconfianza en un aparato, el judicial, tan desacreditado y carente de solvencia que es ahora, solo una caricatura de lo que debía ser.
