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Yanuario Gómez
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Diferentes organizaciones departamentales del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SIGESAL) marcharon hacia la Asamblea Legislativa para defender su derecho al escalafón, desde La Plaza de la Salud, ocasión en la que coincidieron con la marcha de mujeres que luchan por la despenalización de los abortos.
La asociación sindical que recientemente aceptó dialogar con el gobierno la revisión de la Ley del escalafón para presupuestarlo el próximo año, admite que este es un incentivo a favor de los trabajadores. Además, manifestaron estar abiertos a que se instale una mesa de negociación en la que se revise las normativas que regulan dicha ley. “Que se revise la situación de los salarios (altos), ya que en el Ministerio de Salud hay personas que ganan más de $5 mil y su remuneración por el escalafón asciende a casi 400 dólares, mientras que habemos trabajadores que ganamos menos de mil dólares y tenemos mas de 30 años de trabajar y solo recibimos cuarenta dólares”, dijo Oscar Amaya, Secretario General de SIGESAL San Vicente.
Mujeres marchan por la despenalización del aborto
En conmemoración del Día Internacional de lucha por la despenalización del aborto, cientos de mujeres pertenecientes a mas de 30 organizaciones sociales pertenecientes a la Plataforma por la Salud y la Vida de las Mujeres, marcharon hacia la asamblea legislativa para pedir que se les reconozca su derecho a decidir sobre su cuerpo.
“En el salvador tenemos una legislación super penalizadora que atenta contra la vida y los derechos de las mujeres, actualmente la legislación vigente contempla una condena de ocho años para las mujeres que realicen esta práctica porque está considerado como homicidio” Zenaida Joachin, representante de las dignas.
La dirigente además, se refirió a al pieza de correspondencia presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado Rodolfo Parker, donde se plantea que la penalización en el caso del aborto sea de 30 a 50 años de prisión y dijo que pedirán a las diferentes fracciones que conforman el pleno legislativo que no se admita este documento.
Las organizaciones feministas piden que no se considere un delito el aborto, porque según ellas, las mujeres tienen el derecho a decidir sobre ser o no ser madres, además de otras causales como el abuso sexual, incesto, malformación del feto, o por peligro de pérdida de la vida de la madre. Los colectivos participantes en la marcha piden a los diputados que haya una legislación que garantice la salud y la vida de las mujeres y que se comprometan a defenderla y manifiestan que han entregado información científica sobre el tema para ser analizada por los legisladores de los partidos políticos para que tomen una decisión acertada sobre el tema y que las beneficie.
