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Viernes , 18 Agosto 2017
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Reapertura del caso Romero busca  derecho a la verdad y la justicia

Reapertura del caso Romero busca derecho a la verdad y la justicia

@JoakinSalazar

Más de 37 años han pasado desde que una bala le arrebatara la vida al pastor salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, hecho que no quedará en la impunidad, luego que el Juzgado Cuarto de Instrucción decidiera abrir nuevamente el proceso judicial y retirar el sobreseimiento otorgado al único procesado en el caso, al excapitán del Ejercito, Álvaro Saravia.

El Juzgado, además, ha abierto una brecha para conocer la verdad de los hechos, que permita justicia, una reparación para el pueblo que ha clamado por 37 años justicia para el obispo mártir; sobre todo, para conocer los autores materiales e intelectuales de este hecho.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, entre los principales involucrados se encuentra el dirigente y fundador de ARENA, Roberto d´Abuisson, quien dio la orden de asesinar a Monseñor Romero y facilitó el escuadrón de la muerte que cometió el crimen; Álvaro Saravia, es el único procesado en un juzgado.

Además, involucra a Amado Antonio Garay, Fernando Sagrera, Eduardo Ávila, Mario Molina y Walter Antonio Álvarez.

En 2011, una fuente que pidió no identificar su identidad, por cuestiones de seguridad, dijo a Diario Co Latino que quien disparó contra Moseñor Romero fue el exsargento de la Guardia Nacional, Amado Samayoa, quien era del equipo de seguridad del hijo del exresidente de la República Arturo Armando Molina, quien era parte de uno de los escuadrones de la muerte.

Información en poder de Diario Co Latino, entregada por fuentes que estuvieron próximas a los círculos de d’Aubuisson, aseguran que el francotirador, es decir, el responsable de disparar contra Monseñor Romero, fue el subsargento de la extinta Guardia Nacional (GN), Marino Samayoa Acosta. De acuerdo con la información, fue Mario Molina, hijo del ex presidente Molina, quien sugirió al tirador.

El ahora Beato, Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador. Un francotirador llegó hasta el lugar y le disparo al pecho al religioso, gravemente herido fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

A juicio del Juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, la apertura del caso está basado en lo regulado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida por la Sala de lo Constitucional.

En la que debe de garantizarse una reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra, una compensación de los daños ocasionados, la indemnización de daños y perjuicios y el conocimiento público de la verdad entre otras formas de reparación.

“La ley de amnistía fue una de las herramientas a la que se acudió y que cuyos efectos aluden a la no persecución penal de sus actores, al derecho a la justicia, a la verdad y la reparación de la víctimas de graves violaciones. Por lo tanto, esta ley de amnistía alude más al olvido de los delitos cometidos antes que el perdón por una responsabilidad penal”, establece el Juzgador.

Semanas atrás, las organizaciones, Tutela Legal María Julia Hernández y Concertación Monseñor Romero El Salvador, presentaron la solicitud de reapertura, por lo que esperan que con la misma se puedan atender pronta e íntegramente la demanda de justicia. Igualmente exigen que no se prolongue más el caso dejándolo en la impunidad, ni retardar el cumplimiento de las resoluciones que se han hecho sobre el caso.

Alejandro Díaz, de Tutela Legal, afirmó, en esa oportunidad que se busca que se investigue todo lo relacionado en los informes, como la Comisión de la Verdad, la resolución del CIDH, Procuraduría de Derechos Humanos y la resolución de un tribunal de Estados Unidos, en que se menciona los nombres de los autores del asesinato del beato Romero. La investigación y proceso judicial fue realizada por el Juzgado Cuarto de lo Penal en el año 1980. El expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue el Capitán Álvaro Saravia, a quien presuntamente le encontraron una agenda con apuntes relacionados al crimen, con el nombre de “Operación Piña”. Ahora las organizaciones esperan que las investigaciones lleguen hasta los autores materiales e intelectuales.

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