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Domingo , 23 Julio 2017
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Es constitucional divulgar nombres de deudores
El diputado de ARENA René Portillo Cuadra fue el principal vocero de ese partido político respecto a la necesidad de modificar la Ley de Extinción de Dominio, que a su vez fue acompañada por otros personeros de la derecha que a menudo son entrevistados en los programas de opinión de la televisión salvadoreña. Este periódico, por cierto, cuestionó dicha ley, que el Estado expropie los bienes de los sospechosos de enriquecimiento ilícito, sin antes haber sido vencido por un tribunal competente. La derecha se dio cuenta de ese asunto, hasta que a la Fiscalía General de la República se le ocurrió expropiar los bienes del difunto presidente Francisco Flores Pérez. La viuda del ex mandatario, Lourdes de Flores, acompañada de su hijo e hija, denunció que entre lo expropiado estaban algunas herencias familiares. La derecha opositora, tanto empresarial como política, vio en la ley un problema cercano y de futuro, por lo que inició la generación de opinión favorable a la reforma. Y cuando los diputados introducen la reforma a la mencionada ley, argumentando lo arriba expuesto, y para ponerla en sintonía con el artículo 240 de la Constitución de la República, los diputados de ARENA, salvo una, se abstienen de votar: en la plenaria guardaron silencio cómplice, o mejor dicho, silencio de respaldo, pues no votaron ni en contra, ni criticaron la aprobación de las reformas. Hoy está claro que ARENA no votó y guardó silencio, para no ser criticados ni por las redes sociales ni por la Embajada de los Estados Unidos. A lo mejor los diputados sabían por adelantado que la Fiscalía General de la República protestaría como lo hizo, y que lo mismo iba a suceder con la Embajada de los Estados Unidos. Hoy, los costos políticos los están pagando el partido GANA, el FMLN y los diputados del PCN que votaron por dicha reforma. En la derecha seguramente están aplaudiendo a los areneros por no votar ni a favor ni en contra de la ley que ellos promovieron, y seguramente los habrán calificado de listos o hábiles para el manejo político, pero el pueblo debe tener claro que el comportamiento de ARENA es el reflejo de su doble moral, o de su hipocresía como los calificó el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

Es constitucional divulgar nombres de deudores

En cumplimiento al Código Tributario, el Ministerio de Hacienda ha publicado, por dos años consecutivos, el listado de los morosos con el fisco.
La Sala estableció en su sentencia que los artículos del Código Tributario (CT) deben interpretarse conforme a la Constitución y considerando tanto el derecho a la autodeterminación informativa como los intereses generales del Estado.
Así, aunque las publicaciones previstas en el artículo 277 CT incluyan el nombre o razón social, el cual es un dato personal que goza de la protección del derecho a la autodeterminación informativa, se trata de información tributaria que también concierne a intereses públicos.
En ese sentido, debido a que se trata de información que puede resultar desfavorable al prestigio o reputación de una persona, la Administración Tributaria tendrá la obligación de verificar rigurosamente la información sobre los deudores y montos que deben, antes de permitir su acceso o divulgación y podrán publicarse únicamente cuando las resoluciones o sentencias estén firmes, es decir que ya no admitan recurso alguno.
El tribunal además, estableció que la publicación de extractos de las resoluciones de tasación de tributos, de resoluciones de multas, de las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, y de los fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre impuestos y multas, tampoco vulneran dicho derecho, por lo que los artículos 277 y 277-A del Código Tributario no son inconstitucionales.
Los demandantes, quienes están en contra de divulgar los nombres de los deudores, manifestaron en su petición que los artículos mencionados vulneraban el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, pues la publicación de los nombres de las personas considerados como deudores del fisco no era el medio idóneo para la recuperación de las deudas a favor de la Hacienda Pública.
Añadían que no existe una finalidad que justifique hacer públicos datos que posee la Administración Tributaria —nombres de los contribuyentes y cantidades adeudadas por estos—.
Además, consideraban que dichas publicaciones vulneran el derecho al honor en relación con la reputación, fama o buen nombre de la persona sobre la cual recae y admite la publicación de situaciones tributarias que no están firmes, pues son susceptibles de impugnación en sede administrativa y judicial.
Por último, la Sala estableció que la publicación aludida por el artículo 277-A del CT recaerá sobre todas las resoluciones de tasación de tributos, de resoluciones de multas, de las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, y de los fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre impuestos y multas, pues si las autoridades fiscales deciden qué tipo de resoluciones y sentencias van a publicar y cuáles no, se estaría negando el acceso completo a dicha información pública.
En consecuencia, deberán publicarse los extractos de las resoluciones o sentencias, sintetizando los elementos fácticos y jurídicos debatidos, la solución adoptada por la autoridad con decisión y los motivos por los cuales se aprobaron las resoluciones o sentencias.
La sentencia fue firmada por los magistrados Oscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.

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