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Las organizaciones que trabajan en favor de encontrar a los desaparecidos, durante la guerra, demandan de las autoridades abrir los archivos militares y que se haga justicia. Foto Diario Co Latino/Iván Escobar.

“Yo espero que este gobierno cumpla lo que prometió a las víctimas”: María Maura Contreras

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Al principio teníamos esperanza, porque él ( presidente Nayib Bukele) dijo que iba hacerlo, pero ahora no sabemos. Él dijo también que no había nacido para la guerra, pero es jefe del Estado y tiene la Fiscalía, la Asamblea y la Corte -a favor-, entonces tiene el poder de abrir o no los archivos militares para dar con los responsables”, expresó, María Maura Contreras, víctima de la masacre La Conacastada.  La masacre de La Conacastada se dio en el marco de un fuerte operativo militar, denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, ejecutado entre el 18 al 26 de agosto de 1982, que no solo cobró la vida de campesinos, sino también el desaparecimiento forzoso de niños y niñas de varios cantones del departamento de San Vicente.

El Foro Impunidad CERO: la Demanda de las Víctimas en El Salvador se realizó a iniciativa de los comités de víctimas y organizaciones que forman parte de tres articulaciones de la sociedad civil: la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

María Maura Contreras aún busca a su hija Julia Inés Contreras, quien tenía 4 meses de edad y cinco días de nacida cuando le fue arrebatada de los brazos de su madre, junto a sus otros dos hermanos Herminia Gregoria y Serapio Christian.

Estos últimos dos fueron localizados por el trabajo de Pro-Búsqueda, con la participación de María Maura, que realizaron sus reencuentros, pero sin dejar de expresar su temor de buscar a Inés, por el actual “Estado de Excepción”, pero, reacciona: “estoy resignada si nos pasa algo, pero debo seguirla buscando”, tras considerar que las víctimas merecen un cierre digno ante sus pérdidas y daños morales en que han vivido por más de treinta años.

“A Serapio Christian lo encontré luego de 30 años de búsqueda, claro, tenía otro nombre, encontrarlo eso fue inolvidable porque superé un poco mi reparación y se logró a través de la ayuda de Pro-Búsqueda, porque ningún gobierno ha hecho caso de las víctimas y niñez desaparecida”, señaló.

“Inesita estaba de 4 meses y 5 días, cuando me la quitaron y se llevaron a los tres, al cuartel de la Quinta Brigada de San Vicente, y se los repartieron: Christian estuvo en San Vicente, un señor se lo llevó, Herminia tenía 4 años, se la llevó un soldado a Santa Ana a la finca Molina, y le decían cosas, y ellos sabían quienes eran sus padres, porque se llevaron nuestras cédulas, sabían muy bien que no eran abandonados”, explicó María Maura.

“Desde que se cometieron estos hechos a la fecha, existe un patrón de impunidad que ha seguido todos los mismos lineamientos”, resume Eduardo García, director ejecutivo de Asociación Pro-Búsqueda, al señalar que el Estado salvadoreño, no ha generado la capacidad de determinar un delito, identificar a los responsables y sancionarlos.

“Lo que vemos en la actualidad es un patrón de tener personas privadas de libertad, sin que sean judicializados, es el mismo patrón de los 20 años de ARENA, los 10 del FMLN y los 3 de GANA, es el mismo continuo”, expresó.

García descarta que este retardo de justicia se deba a una “incapacidad técnica”, sino que se trataba de un “dolo” porque a 40 años de algunas de estas graves violaciones de derechos humanos, estaban en una deuda en el tiempo con las víctimas y sobrevivientes de estos casos de lesa humanidad.

“No ha habido una intención de colaborar con la justicia por parte del Estado y con aquellas excusas de seguridad nacional; las de la Asamblea (Legislativa) que son los presupuestos y la Fiscalía que no hay recursos, pero al analizar a todos estos funcionarios (fiscales) que se propusieron ante el Legislativo, dijeron ser capaces, pero al llegar al puesto no han hecho nada por superar la impunidad”, sostuvo.

Sobre el caso de las Hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, presentado ante la Corte IDH, García recordó que el Estado buscó en ese momento desacreditar a las víctimas diciendo que estás ni habían nacido y, por tanto, no había delito. Lo que comparó con la actualidad del gobierno y que simplemente obedecía al mismo patrón de invisibilizar a las víctimas.

“Los han señalado que eran combatientes de uno u otro bando y, por tanto, se lo merecían, hubo excesos, pero, todos los cometieron, ahora no podemos atender víctimas porque está muy polarizado el país, solo dan excusas y hay una impunidad establecida en el Estado, que deja a las víctimas abandonadas y desprotegidas”, manifestó García.

En cuanto al caso de los 4 periodistas holandeses, Christine Pirenne, embajadora del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, reconoció en su intervención la “afectación de las víctimas” y expresó su respeto por la lucha que aún libran en la búsqueda de la verdad y la reparación digna para sus seres queridos.

“Hace un mes exactamente llegó a nuestros oídos la noticia de dos sospechosos en el asesinato de los periodistas holandeses de IKON TV, un delito que por más de 40 años estuvo en la impunidad, un crimen de Lesa Humanidad, según el reporte de la Comisión de la Verdad”, afirmó.

“Esa noticia nos ha dado mucha esperanza, primero que nada a los familiares, pero también a nosotros como representantes del gobierno y la ciudadanía neerlandesa que finalmente vamos encaminados hacia la justicia en el asesinato de nuestros compatriotas. Las autoridades salvadoreñas han dado firmes y valientes pasos hacia adelante, porque ningún crimen debe quedar impune, ningún periodista, ningún ciudadano debe ser blanco de asesinatos en un conflicto armado”, dijo la embajadora Pirenne.

Mientras, Juan Carlos Sánchez, oficial de DPLF, manifestó, que el Foro Impunidad CERO, era una oportunidad para visualizar cuál era la situación en que se encontraban las víctimas y la aplicación de justicia en los casos del conflicto armado de la década de los años ochenta, luego de la derogación de la Ley de Amnistía (2016).

“Queremos constatar cuáles son los obstáculos que están enfrentando estos casos, el papel que han jugado las organizaciones de derechos humanos sobre la denuncia de estos casos, es una especie de balance de la Justicia Transicional en el país”, afirmó.

“Y si bien hay algunos avances importantes en algunos casos, tribunales que han sido valientes en estas causas, pero es justo decir que estos avances aún no son suficientes para buscar la verdad, es decir, el Estado debe caminar mucho trecho para que las víctimas obtengan justicia y este país encuentre la verdadera reconciliación”, puntualizó Sánchez.

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