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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, propuso reformar el Código Penal para añadir 2 artículos referentes a 2 delitos nuevos sobre las desapariciones contra menores, mujeres y personas con discapacidad, y el ocultamiento de desapariciones por parte de funcionarios.
En la pieza de correspondencia, la legisladora suplente de Claudia Ortiz expuso que la desaparición de personas “constituye una grave violación a los derechos humanos, que causa sufrimiento prolongado a las víctimas y sus familias, y atenta contra derechos esenciales de carácter inderogable, tales como la vida, la libertad, la integridad personal y el acceso a la justicia”.
Es por ello que el Estado salvadoreño “tiene la obligación de responder por actos de desaparición forzada tanto cuando son cometidos por sus agentes o funcionarios como cuando omite su deber de investigar, sancionar o prevenir estos hechos cometidos por particulares, lo cual constituye una violación continuada de derechos humanos”.
Esto también, porque desde 2022 se implementó el régimen de excepción y con ello existen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, ya que muchos familiares de personas detenidas no saben del paradero en los centros penales.
“Los patrones históricos de violencia vividos en el país, tales como el conflicto armado interno, las estructuras del crimen organizado y la actual aplicación del régimen de excepción, han generado contextos propicios para la comisión de desapariciones forzadas, muchas veces en condiciones de impunidad o con ausencia de mecanismos eficaces de respuesta institucional”, comentó Cesia Rivas.
La legisladora sostuvo que, si bien la legislación penal vigente tipifica el delito de desaparición de personas, “resulta insuficiente frente a la realidad actual, ya que no contempla adecuadamente las agravantes ni sanciona de forma autónoma la participación indirecta, instigación o encubrimiento del delito, ni establece de forma expresa su imprescriptibilidad”.
En el pleno, Rivas dijo que una propuesta de reforma al Código Penal “es urgente”. “La desaparición constituye uno de los actos más graves en contra de la dignidad humana; es un hecho abominable, un delito que debe de pagarse por aquellos que lo cometen y quienes cometen este grave hecho pueden ser personas particulares o agentes del Estado”.
Por ello, y debido que la desaparición de personas en el país ha tenido manifestaciones tanto históricas como actuales, incluyendo desapariciones cometidas durante el conflicto armado, por estructuras criminales y, recientemente, en el contexto de las medidas de seguridad del Gobierno.
Rivas propuso agregar el artículo 148- B para establecer “la desaparición de personas agravada”, donde se considerará desaparición de personas agravada: si la víctima fuere menor de edad, mujer, persona con discapacidad o en condición de vulnerabilidad; si la desaparición se cometiere con participación de funcionarios públicos, autoridad pública o agente de autoridad; si se cometiere como parte de un patrón sistemático; si se causare la muerte, tortura, violencia sexual o tratos crueles durante la desaparición.
El delito de desaparición de personas agravada será imprescriptible y perseguible de oficio, y se aplicará la pena de 30 a 50 años de prisión.
La parlamentaria también propuso agregar el artículo 148-C referente al encubrimiento o instigación en el delito de desaparición de personas por parte de servidores públicos.
«Se impondrá una pena de 15 a 20 años de prisión al funcionario público, autoridad pública o agente de autoridad que, con conocimiento de una desaparición, oculte información, obstaculice la investigación, impida la búsqueda efectiva de la víctima o instigue a otras personas a cometer las desapariciones”, señala la propuesta de reforma.
“Son las familias de las personas desaparecidas las que luchan cada día con este flagelo que ha pausado sus vidas y truncado sus sueños y los ha sometido a un dolor perpetuo y angustia constante, pero a pesar de ello, vemos a estas familias luchando buscando a sus desaparecidas”, destacó Rivas.
La legisladora citó el informe de labores que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Asamblea Legislativa donde señala que de mayo de 2023 a junio de 2024, en El Salvador desaparece una persona diariamente; “Esto nos debe de alarmarnos, ya que esto no puedo seguir pasando”, concluyó Rivas.
La bancada oficialista negó sus votos para estudiar esta propuesta, por lo cual, no fue enviada a comisión.
