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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El derecho a defender derechos humanos no se trata de ningún privilegio, sino de una garantía ciudadana, aclara José Lazo (Pro-Búsqueda), miembro de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que urgieron la aprobación del anteproyecto de ley, presentado el pasado 6 de septiembre de 2018.
“Estamos preocupados porque el Estado salvadoreño no ha hecho esfuerzos -en 22 años- por ajustar su normativa interna a los estándares internacionales”, agregó.
Cada 10 de diciembre, la ONU conmemora el “Día de la Declaración de los Derechos Humanos”, que busca enaltecer la justicia, la igualdad, la paz y la libertad en los países del mundo. En ese contexto, Lazo señaló que el avance de los derechos humanos solo ha sido posible por la lucha social de estas personas o grupos de personas, denominados “defensoras o defensores”.
“Las personas defensoras han contribuido a que la democracia y la justicia se asome un poco a las sociedades, exigiéndole al Estado salvadoreño a garantizarlos y que pasen del papel a la cotidianidad. Estos son los defensores y defensoras que se definen por su acción y no por su formación. Y cualquier persona se puede activar”, manifestó.
La propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y la garantía de defender este derecho fue discutida en la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, junto a sus asesores, del que esperan un dictamen favorable y la votación de 43 votos del pleno legislativo.
“Lo que hemos visto a lo largo de todos estos años son expresiones estigmatizantes, es un Estado con un enfoque -para mí- sesgado, que ven a las personas defensoras de derechos humanos como los enemigos del Estado. Aún recuerdo a un expresidente de la Asamblea Legislativa, que cuando protestamos por el derecho humano al agua, argumentó que éramos terroristas, esta es una muestra de ese discurso violento, estigmatizante hacia el derecho a defender derechos”, señaló.
La invitación de alrededor de veinticinco organizaciones, alcaldías y colectivos, así como el procurador, Apolonio Tobar (PDDH), al actual Gobierno, fue clara al plantear el cese de hostigamientos a este grupo poblacional.
“Ahora, las organizaciones sociales, en la boca del presidente Nayib Bukele, las organizaciones son de fachada -lenguaje de la guerra que lo considerábamos superado-; entonces, qué podemos esperar, es una deuda del Estado salvadoreño de ponerse al día con la agenda de derechos humanos, siquiera a nivel discursivo para marcar avance”, señaló.
En cuanto a retardar la aprobación de la ley de reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos, Lazo consideró que era la segunda deuda del Estado salvadoreño, señalando que ya se ha debatido lo suficiente el contenido de la normativa jurídica y consensuado que tiene el aporte y apoyo de diversas organizaciones y colectivos pro derechos humanos.
“Nos preocupa que estamos a meses de un cambio de legislatura y eso, seguramente, puede poner cuesta arriba la posibilidad de que no se apruebe. Y es por esto el justo llamado a la legislatura actual, al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y sus asesores, a que dictamen a favor, porque esa ley está estudiada completamente. ¿Qué están esperando? A pocos meses de unas elecciones que puedan cambiar la configuración del primer órgano del Estado, no podemos comenzar de nuevo desde cero, eso no se vale”, opinó Lazo.
La situación de los derechos humanos es materia sensible en el país; Ana Daysi Mejía, de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, trabaja en el área de derechos de las personas portadoras del VIH y Salud, y lamenta que por la crisis de la COVID-19 el Gobierno vulneró el derecho a la salud de muchas personas que viven con VIH.
“Sabemos de muchas personas que viven con VIH que se han visto limitadas con sus medicamentos (antirretrovirales) porque hay un medicamento que lo han estado utilizando para contrarrestar el COVID-19 y le quitaron el derecho a las personas que vive con VIH de tomar sus medicamentos”, reseñó.
Mientras, Sonia Sánchez, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, defensora que enfrentó al Grupo Roble cuando un proyecto urbanístico irrumpió en su cantón El Porvenir, al Sur de San Salvador, que terminó generándole persecución, amenazas a muerte y criminalización en el sistema judicial, consideró que el Estado salvadoreño y el pueblo salvadoreño aún no miden la magnitud del deterioro del medioambiente nacional.
“La destrucción de los ecosistemas es grave, hay gente que cree que el agua nace en el chorro (grifo), si no hay bosque, si no hay árboles, no habrá agua a futuro próximo, y los permisos que están dando a las constructoras, como lo reciente en el Valle El Ángel, están jugando con la vida de la población, poniendo en riesgo todos los bienes naturales y que al final, al quedar sin agua el Valle El Ángel, el Área Metropolitana de San Salvador, quedará sin agua también, estamos hablando de 1.5 millones de personas que dependen de esa cuenca hidrográfica. Y junto a la crisis del agua que ya tenemos, esto se va agudizar y necesitamos defender los territorios”, señaló.
