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Bogotá / Prensa Latina
Después de las grandes movilizaciones del 26 de julio último por la vida en Colombia, ¿cuánto queda por hacer en este país donde cada dos días es asesinado un líder social?
Todavía queda mucho por hacer, recordó el movimiento ciudadano Defendamos la Paz, en una carta en la que pidió la permanencia aquí de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por varios años más ‘con el mandato original en su integridad’.
Esa marcha debe ser apenas el comienzo de un gran esfuerzo por hacer de Colombia un país decente, donde se pueda vivir y pensar distinto, donde la organización popular sea un derecho intocable, donde el crimen y la violencia sean desterrados, expresó mediante un comunicado el Consejo Político Nacional del partido FARC.
La multitudinaria manifestación es prueba de que crece avasallante una ola de indignación nacional e internacional, contra los asesinatos de que vienen siendo víctimas mujeres y hombres que luchan por los intereses de sus comunidades, apuntó.
La nación se pone en pie para condenar la persecución contra el Acuerdo de Paz (firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP) y quienes lo suscribieron. Líderes, lideresas y exguerrilleros caen impunemente porque encarnan la inconformidad de los sectores más vulnerables, afirmó.
A su juicio, el gobierno del Presidente Iván Duque debiera interpretar las voces de inconformidad con su presencia en la marcha de Cartagena de Indias, como clamores populares por decisiones firmes, para poner fin a los crímenes.
Las comunidades deben recabar sin desmayo el apoyo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional. Organizar enlaces y contactos inmediatos para denunciar las amenazas y hostilidades de que son víctimas, añadió.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, escribió en su cuenta en Twitter que las grandes movilizaciones del 26 de julio y el consenso nacional logrado sobre la condena de los crímenes contra líderes sociales, son un nuevo paso para consolidar la paz.
El gobierno debe atender el clamor de que se tomen medidas, no para disminuir sino para acabar esos asesinatos, enfatizó.
Son muchos los mensajes que una movilización como esta tiene que dejarnos, dijo en entrevista con el periódico El Espectador, Diana Sánchez, directora de la asociación Minga.
Es una presión real, el Gobierno no puede seguir incumpliendo su palabra. Es un paso enorme, porque como colombianos tenemos que empezar a exigir, no es posible que se firmen todos los días compromisos con la sociedad, los indígenas, los negros, las mujeres, los campesinos y los guerrilleros para después no cumplir nada, expresó.
En su opinión, uno de los temas claves es que el Estado tiene que seguir buscando la posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto armado con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) por la vía negociada.
Las cifras demuestran que en los territorios de los que salieron las FARC como grupo armado bajaron los índices de violencia, puntualizó.
