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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Decenas de trabajadoras y trabajadores de las tiendas ubicadas al interior de recintos penitenciarios marcharon ayer hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para exigir que las autoridades de esa cartera de Estado aclaren su situación laboral. El sector operario de las tiendas penitenciarias ha denunciado, desde el pasado mes de julio, la situación de incertidumbre con respecto a su futuro laboral, puesto que, por orden de las autoridades ministeriales se liquidaron los inventarios existentes de las tiendas, las cuales no son reabastecidas desde el mes de junio, cuando dio inicio el plan Control Territorial. Los manifestantes dijeron que se les adeudan dos meses de salario y expresaron no tener acceso a Seguro Social, debido a que la Dirección General de Centros Penales no ha cancelado las cuotas retenidas en concepto de esta prestación.
Por tal razón, este sector pide la renuncia de Osiris Luna Meza como director general de Centros Penales, considerando que en reiteradas ocasiones el funcionario les ha negado audiencia para conocer su situación, argumentando estar ocupado en las labores de administración penitenciaria.
“Él (Luna) lleva dos meses diciendo que no ve el tema de nosotros porque está enfocado en seguridad; un funcionario debe ser polivalente, por lo que si no tiene la capacidad que tenga la valentía que ya tuvieron otros tres funcionarios y presente su renuncia”, comentó Eduardo Bernal, vocero de los trabajadores.
El portavoz sostuvo que son más de 350 trabajadores y trabajadoras los afectados con la falta de comunicación oficial de parte de autoridades penitenciarias, referente a sus puestos de trabajo; además, reveló que la dirección de Centros Penales estaría contratando militancia del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), como parte del pago de una “cuota política”.
Bernal explicó también que ASOCAMBIO, organización no gubernamental creada para administrar el carácter mixto de las tiendas penitenciarias, funciona desde enero de este año por recomendación de los auditores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, debido a que el Estado no está facultado para hacer tareas de compra y venta de productos.
Asimismo, reveló que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales el 27 de junio pasado, esta incautó documentación de la coordinación de tiendas y no de ASOCAMBIO, que es la institución por la que ese día el ministro Rogelio Rivas interpuso un aviso por supuestas irregularidades en su administración.
Bernal desvirtuó las aseveraciones de Meza acerca de una supuesta medida cautelar contra la cuenta bancaria de ASOCAMBIO, lo que impediría el pago de sueldos y prestaciones, según el funcionario, y pidió a la Fiscalía General de la República “abstenerse de entrar en un juego político”.
