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Luis Colato
Educador
El domingo 22 de enero, hace 91 años, nuestro país fue escenario en su occidente de un evento que marcó indeleblemente nuestra historia: la masacre de Izalco.
Los antecedentes se remontan a 1882, cuando la dinastía de los Zaldívar utilizará a sus testaferros para producir 2 leyes; La de extinción de las tierras ejidales, y la ley en contra de la vagancia.
La primera acabó con las tierras ejidales, que fueran asignadas por la corona española a los pueblos originarios para conservar su cultura e identidad, es decir, algo más de 250 años en los que administraran las tierras asegurando su biodiversidad en concordancia con su cosmovisión para con la llamada Madre Tierra.
Las consecuencias mediatas de aquel hecho fue que de la noche a la mañana el 70% de la población de entonces amaneció sin nada.
La segunda ley ató a estas mismas gentes a las Haciendas que surgieron para gestionar aquellas tierras que fueran transferidas a la oligarquía criolla terrateniente, mediante aquella truculenta transacción, algo menos del 0,01% de la población.
Estos hechos determinarán en el futuro que siguiera, la inestabilidad social resultante de aquella injusticia, paralela a la desmedida riqueza que aquellos pocos y por intermedio del estado, se agenció.
De entonces y en lo sucesivo, las condiciones materiales de las mayorías se deprimieron a la par que las tensiones sociales aumentaron, provocando esporádicos levantamientos de la población, que para 1912 cuando se fundara la infame guardia nacional, su fundador, el presidente Araujo quién también impulsará una primera reforma agraria, fue asesinado en circunstancias extrañas, así como todos los potenciales testigos, su propuesta engavetada y agudizadas las tensiones sociales.
Ya en la década de los 20’s con los excesos que esta supuso, la concentración de la riqueza en menos del 1% de la población era tal que sus latifundios eran verdaderos feudos medievales con costumbres y hasta moneda propias, en donde los indígenas eran expuestos a todo género de vejámenes, degenerando en las condiciones que llevaron a aquel 22 de enero de 1932.
El crack de la bolsa en 1929 sólo agravó aquellas condiciones, pues los países bananeros que apostaron por los monocultivos fueron los más afectados, lo que acicateara la olla de presión que explotará luego del golpe de estado en contra del gobierno del ingeniero Araujo, una casualidad de nombre que solo es coincidencia.
Una serie de levantamientos dispersos y desorganizados de parte de la población campesina, rápidamente sometidos, llevó al edicto de amnistía que el martinato ofreciera a los comunes, para lo cual debían concentrarse en la plaza de Izalco desde las primeras horas de aquel día, a la espera de la llegada del caudillo desde San Salvador, en lo que no pasaría de una regañada a la antigua usanza, recordando a los pobladores sus deberes para con Dios y sus amos.
En cambio, rayando la tarde camiones pesados se ubicaron en los ingresos cardinales de la plaza descubriendo las primeras ametralladoras de alta cadencia que los navíos de la marina estadounidense e inglesa entregaron al régimen golpista, mientras fondearon en el puerto de Acajutla para apoyar el esfuerzo local para controlar a los comunistas alzados.
Incluso con aquella novedad armamentista la matanza tomó tiempo, al final de lo cual se dio cuenta de “5,000 fusilados”, lo que se opone a todas las investigaciones independientes que por separado suponen la cifra real en alrededor de los 35,000 asesinados.
El resto es historia, que se le negara intencionadamente a la población, y solo fuera transmitida como un rumor, como un cuento, como alguna ficción lejana de algo que quizás pasó.
Aquel etnocidio alcanzó su zénit con una serie de leyes draconianas que emergieron del régimen y que obligaron a los sobrevivientes a cambiar su nombre, abandonar sus costumbres y olvidar su lengua e identidad, negando a aquellos pueblos su propia existencia además de su memoria.
Y todo impune aún.
Y la historia se repite.
