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Redacción Nacionales
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La ciudadana Ana Cisneros solicitó a la PDDH abrir un expediente ante las posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, derivadas de actos y omisiones estatales relacionadas con las intervenciones y obras asociadas al proyecto CIFCO en el Bosque El Espino.
Cisneros, quien ha liderado una petición de firmas en línea para evitar la deforestación en el Bosque El Espino, señaló en su escrito presentado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que el Bosque constituye un ecosistema estratégico para la sostenibilidad ambiental, climática e hídrica del Área Metropolitana de San Salvador.
El Bosque El Espino es considerado el pulmón del AMSS y destruirlo agravaría las inundaciones urbanas que de por sí, ya son catastróficas en algunas colonias. El Gobierno pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
“En dicho territorio se han autorizado o tolerado intervenciones sin que exista información pública completa, verificable y accesible sobre permisos, estudios de impacto ambiental, evaluaciones técnicas y medidas de mitigación”, comentó la ciudadana, preocupada por las consecuencias que generaría el proyecto.
Cisneros comentó que las actuaciones y omisiones de autoridades municipales, metropolitanas y nacionales “configuran un riesgo cierto de daño ambiental irreversible, con afectaciones directas a la vida humana y no humana”.
Según líderes ambientales, la zona del Espino alberga a más de 2 mil especies animales, incluyendo aves y anfibios en peligro de extinción.
“Pese a la gravedad del contexto (crisis climática, estrés hídrico y antecedentes recientes de desastres asociados a la ocupación indebida de zonas ambientalmente sensibles) no se ha observado una actuación diligente y proactiva de las instituciones obligadas a prevenir dichos daños”, comentó Cisneros en alusión al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También, con el proyecto, enlistó la ciudadana, se violenta el derecho humano a un medio ambiente sano; el derecho de acceso a la información pública ambiental; el derecho a la participación ciudadana en asuntos que afectan bienes comunes y derechos colectivos.
“Estos derechos forman parte del núcleo de protección que dio origen a esta Procuraduría como resultado de los Acuerdos de Paz, cuyo espíritu fue colocar la dignidad humana y la vida en el centro del Estado”, planteó.
Por ello, pidió la apertura de expediente por posibles violaciones a derechos humanos y ambientales, el requerimiento de información a las autoridades competentes (MARN, alcaldías, instancias de planificación y otras), la emisión de pronunciamiento y recomendaciones públicas orientadas a la suspensión de obras mientras no se garantice legalidad, transparencia y protección efectiva del bosque.
