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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
En el Día del Sindicalista diversas organizaciones marcharon desde el bulevar de Los Héroes hasta la plaza Morazán, donde demandaron al gobierno salarios justos, empleos estables y pensiones dignas, las cuales sean el 60 o 75% del salario porque actualmente la AFP’s dan solo un 33%, mientras que el ISSS el 55%.
Rechazaron cualquier tipo de reforma a la Ley El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) porque privatizó la administración de los fondos y nacionalizó el pago de las pensiones, ya que el Estado paga a quienes están en el sistema público y el complemento de las pensiones del sistema privado (AFP).
Entre los señalamientos de los sindicatos está que las condiciones indignas de trabajo han imposibilitado una mayor cobertura de seguridad social para la clase trabajadora y las desigualdades del mercado laboral continúan reproduciéndose en el sistema.
Solo el 27% de los trabajadores cotiza a alguno de los sistemas de pensiones, es decir, actualmente 3 de cada 4 trabajadores no cuentan con una protección para su vejez, pero los beneficios recibidos no cumplen con el porcentaje mínimo del 40% establecido por la OIT y existen grandes brechas en la tasa de reemplazo que reciben los trabajadores cotizantes al sistema previsional actual.
La Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS) pidió la creación de un nuevo sistema previsional público, universal y solidario, que tenga a la base los pilares del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados a la seguridad social; asimismo, es responsabilidad del Estado posibilitar a los salvadoreños los mecanismos necesarios que brinden la seguridad económica para enfrentar las contingencias de invalidez, vejez y muerte.
Para la CSTS, el Estado debe garantizar a las personas cotizantes a la previsión social, que sus aportaciones servirán para cubrir el pago de prestaciones dignas al momento de su retiro de la vida productiva o por disminución de sus capacidades de trabajo por accidentes laborales o comunes; así como las prestaciones correspondientes a sus beneficiarios.
La CSTS señaló que debe tomarse en cuenta el enfoque de género en el sistema previsional y el resto de políticas públicas, una forma de hacerlo es visibilizar por medio de las cuentas satélites en el Sistema de Cuentas Nacionales, el aporte del trabajo doméstico no remunerado en la economía nacional, dicho servicio debe ser prestado por una o varias instituciones del Estado, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos.
Asimismo, buscar el mecanismo para incorporar dentro de las pensiones a mujeres que solamente se dedican al trabajo de cuidados, ya que al nunca haber laborado no ha sido posible generar aportaciones que garanticen tener acceso a una pensión, tomando en cuenta que el trabajo de cuidados, contribuye a dinamizar la economía, porque garantiza la reproducción de la vida humana.
Además, es importante considerar dentro del sistema de pensión universal a los adultos mayores en condiciones de pobreza y personas con discapacidad, incorporando no solamente a las personas en pobreza extrema, sino también en pobreza relativa, pues si el Estado no asume esa responsabilidad nadie les garantiza que puedan terminar sus últimos años en mejores condiciones y por ende con mejor calidad de vida.
Otra de las propuestas es integrar en la pensión universal al sector informal de la economía, integrado principalmente por mujeres y en muchos casos mujeres jefas de hogar, quienes por estar en lo informal, no pueden generar aportaciones, pero con su trabajo, contribuyen a dinamizar la economías y generar fuentes de empleo.
Según Sonia Viñerta, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), en la medida que un sindicato dentro de una institución es callado, sometido y destruido, permite que existan prácticas de corrupción, violencia laboral y de discriminación contra mujeres y hombres, por lo cual exigió al gobierno, a toda autoridad municipal y legislativo el respeto al derecho a la libertad sindical.
