Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Los Angeles / AFP
Javier Tovar
Un voluntario estadounidense que ayudó a dos indocumentados centroamericanos hambrientos y deshidratados a cruzar la frontera, será juzgado por segunda vez luego que el primer juicio fuera declarado nulo por falta de acuerdo en el jurado.
Hay una diferencia sustancial entre el primer y segundo proceso: la pena.
Scott Warren, profesor de geografía y voluntario de la ONG No Más Muertes, enfrentaba hasta 20 años de cárcel por un cargo de conspiración para contrabandear y albergar indocumentados, que fue descartado en el nuevo juicio.
Tres semanas después del fracaso en el primer juicio, fiscales federales imputaron al voluntario este martes en Arizona por encubrimiento de inmigrantes ilegales, un cargo criminal que estarían dispuestos también a desestimar si se declara culpable de un delito menor por «ayudar e instigar a entrar sin autorización» al país.
La sentencia sería 24 horas de cárcel ya cumplidas.
El voluntario tiene 10 días para responder a esta oferta, pero su abogado, Gregory Kuykendall, no se mostró muy abierto a la idea.
«Conocemos bien la estrategia del gobierno y estamos en una posición aún mejor para defender al Dr. Warren. Me decepciona, pero no me sorprende, que el gobierno quiera seguir con este caso», dijo a la AFP.
No Más Muertes fue creada en 2004 con la misión de evitar la muerte de los numerosos migrantes que cruzan ilegalmente la frontera por el desierto en condiciones infrahumanas.
– «Bondad humana básica» –
Los fiscales acusan a Warren de haber organizado el cruce ilegal de dos indocumentados de El Salvador y Honduras, así como darles refugio y, más grave aún, de protegerlos de la Patrulla Fronteriza.
La defensa de Warren argumentó que lo que hizo fue demostrar «bondad humana básica» al ayudar a estos dos hombres que asegura conoció cuando se aparecieron sedientos y hambrientos en un albergue cerca de la frontera con México, ubicado a 177 km al oeste de Tucson.
El primer juicio terminó anulado el 11 de junio porque el jurado no logró ponerse de acuerdo sobre un veredicto tras tres días de deliberaciones.
«Aunque no sé lo que el gobierno espera lograr, sé cuál ha sido y seguirá siendo el efecto de todo esto», dijo Warren a periodistas al salir de la corte. «Sensibilización de la opinión pública, mayor conciencia de la crisis humanitaria en la frontera, más voluntarios que quieren solidarizarse con los migrantes, residentes en resistencia contra los muros fronterizos».
El nuevo juicio está previsto que comience el 12 de noviembre.
Warren y su defensa sostienen que el proceso en su contra responde a videos difundidos por No Más Muertes en los que se puede ver agentes de la patrulla fronteriza destruyendo botellones de agua que la ONG deja en el desierto para asistir a los migrantes.
– «Campaña de intimidación» –
El caso, que acaparó la atención internacional, ha sido visto como una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del presidente Donald Trump para combatir la inmigración ilegal, punto neurálgico de su campaña por el poder.
En un informe, publicado el martes, Amnistía Internacional dijo «que desde 2018 el gobierno estadounidense ha emprendido de manera ilegal y por motivos políticos una campaña de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo».
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que el gobierno de Trump ha hecho un «mal uso discriminatorio del sistema de justicia penal» que lo coloca «en una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo».
Warren enfrenta además otros delitos menores en otro caso de 2017 por conducir un camión en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, al oeste de Tucson, y dejar bidones con agua y comida para los migrantes.
Aún está a la espera de un veredicto en ese caso.
Otros ocho voluntarios de No Más Muertes fueron procesados en la justicia por su trabajo con los inmigrantes. Cuatro de ellos recibieron condenas por delitos menores en marzo y sentencias de 15 meses en libertad condicional. El resto llegó a acuerdos con los fiscales y recibieron multas y sanciones civiles.
