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Llama a un debate profundo en El Salvador
Redacción Nacionales
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El sacerdote católico Juan Vicente Chopin expresó serias reservas sobre la reciente aprobación de la cadena perpetua en El Salvador, abordando el tema desde la doctrina de la Iglesia Católica y en el contexto que, según señaló, se ha desarrollado con rapidez y sin deliberación.
Durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, Chopin explicó que, desde la perspectiva doctrinal, la cadena perpetua es vista como una forma de “pena de muerte oculta”. Retomando planteamientos del papa Francisco, el sacerdote indicó que este tipo de sanción implica, en la práctica, la exclusión definitiva del individuo de la sociedad, negándole la posibilidad de redención.
“El problema no es solo jurídico, sino profundamente moral”, sostuvo Chopin al referirse al artículo 22-67 del Catecismo de la Iglesia católica. Según esta normativa, la pena de muerte es considerada “inadmisible” por atentar contra la dignidad humana, incluso, en casos de delitos graves. En esa misma línea, la cadena perpetua es cuestionada por eliminar cualquier horizonte de reinserción.
El sacerdote católico subrayó que esta enseñanza no constituye una opinión personal, sino una directriz oficial de la Iglesia, aplicable a todos los fieles, incluidos funcionarios públicos. “No se puede ser diputado aprobando leyes contrarias a la vida y, al mismo tiempo, asumirse como católico o evangélico practicante. Eso genera una contradicción ética”, afirmó.
El padre Chopin también planteó que el contexto salvadoreño refleja una tendencia a privilegiar soluciones punitivas frente a problemas estructurales. A su juicio, el país enfrenta una crisis en su sistema judicial y en la manera en que se construyen políticas públicas relacionadas con la seguridad.
“Se están tomando decisiones que afectan la vida de las personas con una rapidez que sorprende”, señaló.
El religioso cuestionó la falta de debate técnico y jurídico en torno a la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua, destacando la ausencia de pronunciamientos claros por parte de instancias como la Sala de lo Constitucional.
“Una medida de esta magnitud debería estar respaldada por una discusión profunda y por argumentos jurídicos sólidos”, indicó.
Asimismo, advirtió que el respaldo popular a medidas severas no necesariamente legitima su implementación sin un análisis integral. “El hecho de que exista apoyo ciudadano no elimina la responsabilidad de evaluar las implicaciones éticas, legales y sociales”, dijo.
En su intervención, Chopin reconoció la gravedad de los delitos cometidos por estructuras criminales en el país, incluyendo homicidios, violaciones y actos de terrorismo. Sin embargo, insistió en que el combate a la criminalidad no debe limitarse al castigo. “La Iglesia no niega el derecho del Estado a sancionar, pero recuerda que la pena debe tener también una finalidad de reinserción”, explicó.
En ese sentido, cuestionó si El Salvador ha agotado realmente las etapas previas a la aplicación de medidas extremas, como la prevención del delito y el fortalecimiento del sistema educativo. “No podemos empezar por el castigo sin haber garantizado condiciones de educación, empleo y oportunidades”, afirmó.
El sacerdote comparó esta lógica con el ámbito de la salud, donde la prevención es fundamental.
“Si se invierte el orden y se prioriza lo punitivo, se corre el riesgo de perpetuar el problema en lugar de resolverlo”, añadió.
Chopin también reflexionó sobre el impacto del contexto digital en la toma de decisiones políticas, señalando que la inmediatez de las redes sociales puede influir en la aprobación acelerada de leyes. “Se ha pasado del anuncio en redes sociales a la aprobación legislativa en cuestión de horas, en un tema que involucra la vida humana”, observó.
“En la era digital se transforma radicalmente la percepción del tiempo. El tiempo es un tiempo sin historia y sin memoria, esas son las características del tiempo en la era digital; o sea, lo que interesa es el tiempo presente, en un continuo fluir… Pero, una norma, una ley que va a determinar la vida de una persona, sea que sea legítimo o no, es una cosa seria, entonces, necesita profundidad”, dijo el sacerdote.
Finalmente, el sacerdote reiteró que su postura no implica una defensa de los criminales, sino una invitación a reflexionar sobre el modelo de justicia que se está construyendo en el país. “La dignidad de la persona no se pierde, incluso, después de cometer delitos graves. Ese es el principio que la Iglesia defiende”, concluyó el religioso.
