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José Acosta
En El Salvador impera la anarquía ambiental a todos los niveles, desechos arrojados en predios baldíos, calles, ríos y quebradas; tóxicos abandonados en medio de asentamientos poblacionales; vertidos contaminantes descargados directamente en los cuerpos de agua; proyectos urbanísticos que destruyen los bosques y cambian el uso del suelo sin medir las consecuencias ecológicas; extensos cultivos de caña de azúcar que envenenan el aire, la tierra y el agua; entre otros delitos ambientales que casi siempre quedan en la impunidad.
No obstante, la agenda ambiental no tiene el nivel de debate y discusión pública que la situación amerita. Una de las instituciones que no ha estado a la altura en este tema es la Asamblea Legislativa, que por años ha evadido su responsabilidad en lo concerniente a la generación de leyes que protejan los recursos naturales y la vida de las personas; salvo escasas excepciones como lo sucedido el 31 de marzo de 2017 cuando se aprobó la ley de prohibición de la minería metálica.
El caso más emblemático para ilustrar la irresponsabilidad de la Asamblea en el tema ambiental es la Ley General de Aguas, cuya primer propuesta ingresó al Parlamento en marzo de 2006; es indignante que en 12 años los diputados y diputadas de 4 diferentes legislaturas no han tenido la capacidad de generar una ley que asegure la gestión sustentable del agua, a pesar que el país está al borde del estrés hídrico.
De igual manera la Asamblea ha tenido un desempeño mediocre en la aprobación de una ley de soberanía alimentaria, la prohibición de agroquímicos tóxicos, las reformas a la ley de gestión de riesgos, una veda a la tala de árboles y la ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución, para incorporar a la ley primaria la alimentación y el acceso al agua como un derecho humano. Todas estas son demandas por las cuales las organizaciones sociales hemos luchado incansablemente.
Si bien la irresponsabilidad recae en la Asamblea Legislativa como institución, es necesario señalar que son los partidos de derecha: ARENA, GANA, PCN y PDC los que constantemente han obstaculizado todas las propuestas en temas ambientales, como lo sucedido el 14 de junio de 2017, cuando, para bloquear la discusión de la Ley General de Aguas, los 4 partidos de derecha presentaron una contrapropuesta, denominada: “Ley Integral del Agua”, esta plantea claramente que el ente rector en la gestión del agua debe ser una institución autónoma controlada por el sector privado.
Este tipo de iniciativas que van en contra de los intereses de la población han sido frenadas gracias a que el FMLN ha tenido una importante representación en la Asamblea Legislativa, incluyendo la jefatura de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, lamentablemente a partir de los últimos resultados electorales la correlación de fuerzas ha cambiado, dando a la derecha el control total del Parlamento, por lo que durante los siguientes tres años no se vislumbra ninguna posibilidad de avanzar en la agenda ambiental, por el contrario existe el riesgo de retroceder derogando leyes como la que prohíbe la minería metálica o aprobando otras como la “Ley Integral del Agua”, con la que se entregaría el control de los recursos hídricos del país a la gran empresa privada.
En esta nueva realidad el movimiento social tiene el desafío de repensar sus estrategias de incidencia política y de redoblar los esfuerzos de movilización ciudadana para vigilar y ejercer presión social con el fin de evitar decisiones retrógradas en el tema ambiental. También es necesario hacer un llamado cada diputado y diputada a que examine su comportamiento con objetividad y defina si se ajusta en cuanto a honradez y compromiso, no con el partido que lo propuso, si no con los derechos del ciudadano y la ciudadana que lo eligió.
