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Redacción Nacionales
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La reforma a la Constitución aprobada y ratificada por Nuevas Ideas, que elimina la disposición de otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la CSJ, fue criticado por Acción Ciudadana, pues debilitará el sistema de justicia.
Es de recordar que en la plenaria de esta semana, el Legislativo aprobó y ratificó dos reformas a la Constitución de la República; la primera de ellas al inciso primero del artículo 208 para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a 6 años; actualmente, era de 5 años, el cual concordaba con las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, pero al cambiar los años de elección de presidente (reforma del 31 de julio) el oficialismo argumentó que homologar la elección de los funcionarios en ese año también era necesario.
La segunda reforma a la Carta Magna fue para modificar el artículo 172, para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.
Sobre este tema, Acción Ciudadana manifestó que la reforma aprobada “abre la posibilidad de una significativa reducción de recursos que debilitará el ya saturado e ineficiente sistema de justicia salvadoreño”.
AC señaló, a través de un comunicado, que de por si la CSJ con los recursos actuales el sistema de justicia enfrenta mora judicial y un alto nivel de impunidad y “con una eventual disminución del presupuesto se agravarían estas problemáticas con consecuencias directas en los derechos de la población”.
La Asamblea Legislativa dejó el artículo abierto, eliminó la obligación de entregar el 6% de los ingresos del Estado y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia será “según las necesidades razonables que dicha institución presente”
“La Asamblea Legislativa ha planteado un falso dilema entre los derechos a la salud/educación y a la administración de justicia. El acceso a la justicia es de igual relevancia que contar con servicios de salud adecuados y un sistema educativo de calidad”, planteó Acción Ciudadana.
La organización agregó que la modernización y eficiencia del sistema de justicia pasa por una adecuada elección de magistrados (as) y el fiscal general, el nombramiento de fiscales y jueces probos e independientes, una administración eficiente y transparente de los recursos, mayor fiscalización, y la mejora constante de las capacidades técnicas de los operadores de justicia.
“Si el gobierno enfrenta necesidades urgentes de financiamiento, en lugar de debilitar más al sistema de justicia, la decisión responsable es revisar y priorizar el uso del presupuesto evitando cualquier utilización populista de los recursos, más cuando estamos a las puertas de las elecciones de 2027”, concluyó Acción Ciudadana.
Esta reforma fue aprobada y ratificada de manera insulta con la población.
