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José M. Tojeira
El 34 aniversario de los jesuitas nos lleva siempre a reflexionar sobre la verdad y las deudas con la misma. Los gobiernos han oscilado entre el aseguramiento de la impunidad y la utilización política del caso. Evidentemente algo se ha avanzado. Y las declaraciones recientes de los soldados que dispararon contra los jesuitas y contra Elba y Celina muestran la crudeza de la realidad de aquellos tiempos. Absueltos en el primer juicio y con la garantía constitucional de no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito, no tienen reparo en asegurar que las órdenes de matar había que cumplirlas. De lo contrario el mismo ejército se encargaría de matar a los desobedientes.
E incluso pensaron, eso decían en sus declaraciones judiciales, que los tiros que les dispararon cuando volvían a integrarse en su batallón habían sido disparados por militares para eliminar posibles testigos de la “luz verde” dada por el Estado Mayor para el crimen. La deshumanización del momento hacía que cualquier situación fuera posible.
Las numerosas masacres llevadas a cabo por la Fuerza Armada muestran un panorama semejante. La impunidad domina y la institución judicial a penas ha comenzado algunos casos. La Asamblea Legislativa, la actual y las anteriores, han sido incapaces de redactar una ley de Justicia Transicional que garantice en el país verdad, justicia, reparación a víctimas, garantías de no repetición y caminos de reconciliación.
Con el paso del tiempo la tendencia ha sido a enjuiciar en algunos casos a algunos militares ancianos, pero en el reconocimiento de verdades clave no se ve avance. En realidad la enorme cantidad de violaciones graves de derechos básicos nos acaba diciendo que los crímenes cometidos son responsabilidad de una política aceptada y establecida por la propia Fuerza Armada. En otras palabras, que los crímenes del pasado en guerra no son en su mayoría fruto de la maldad individual de algunos miembros del ejército, sino verdaderos crímenes institucionales. Y esto, aunque se pueda decir públicamente como una opinión, no ha sido reconocido ni por el Estado ni por la propia institución castrense.
Aunque hoy la actual Fuerza Armada se encuentre alejada de los terribles abusos del pasado, la falta de reconocimiento de los males institucionales del tiempo de guerra no le hace bien. Reconocer problemas institucionales, pedir perdón por los mismos, honra a quienes lo hacen y dan la seguridad de que el pasado no se repetirá. No basta con decir no tenemos que pedir perdón por cosas que no hicimos. Cuando un pertenece a una institución debe reconocer los problemas, los errores y, en muchos casos, los crímenes cometidos o consentidos desde la dirección institucional, aunque éstos se haya cometido en un pasado lejano.
Es cierto que no solo la Fuerza Armada ha cometido o encubierto crímenes o delitos. Otras instituciones, estatales o no estatales, lo han hecho. Pero sean quienes sean, solo resultan fiables y confiables quienes son capaces de reconocer sus errores. Lo que admiramos en las personas que saben reconocer y corregir sus equivocaciones vale también para las instituciones.
Y en ese sentido, es importante que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, además de reclamar justicia en casos particulares, trate de incidir en que las instituciones reconozcan errores y pidan perdón. Porque solo de esa manera se establece cultura y se puede construir seguridad en el futuro. Que se consiga juzgar o condenar a diez, quince o veinte personas por los crímenes del pasado es bueno para el país. Pero si no hay capacidad institucional de reconocer crímenes o errores del pasado, y además en casos tan graves, las garantías de no repetición en las que insiste también la justicia transicional, pueden quedar en nada.
