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A 43 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, las organizaciones: Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Pro Búsqueda y Fundación CRISTOSAL, han denunciado un “estancamiento en el proceso judicial” de esta crimen de Lesa Humanidad.
Redacción Nacionales
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“Para nosotros la prórroga de la Ley del Registro creada para la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, en cumplimiento de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , que se supone el gobierno ha estado implementando, es solo una muestra de la dilatación del cumplimiento de esa sentencia”, alegó Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernandez.
Mauricio González dijo que esas indemnizaciones se debieron cancelar en los primeros cinco años, luego de la resolución. “La sentencia de la Corte IDH fue emitida el 25 de octubre de 2012, y pasaron ya muchos años y aún están en esto”, lamentó.
El Informe de la Comisión de La Verdad, que fue presentado luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), documentó que el 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, municipio de Meanguera, departamento de , la población civil fue “apresados sin resistencia por las Fuerzas Armadas del batallón Atlacatl y luego de pasar toda esa noche encerrados, el 11 de diciembre fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos”.
El impacto de este crimen de Lesa Humanidad trascendió por el testimonio de Rufina Amaya, de las pocas sobrevivientes de este crimen colectivo. Y que luego de una investigación forense se determinó que dejó a más de mil personas asesinadas en un lapso de 3 días. Ese combinado militar llegó a los cantones y caseríos aledaños para ejecutar a su población.
De estas víctimas fueron alrededor de 500 niñas, niños y adolescentes. La masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido calificada internacionalmente como uno de los exterminios más mortíferos del siglo XX.
Una década sin un registro de víctimas
Para el director ejecutivo de Tutela Legal “MJH”, este registro que se inició en la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén ha venido siendo dilatado en el tiempo por diversas acciones o planteamientos de cómo abordar esta indemnización para las víctimas.
“Toda esta tardanza ese registro desde ese entonces (2012), lo que demuestra es la inoperancia de los gobiernos. Cuando no era necesario estar haciendo diligencias de aceptación de herencia con las víctimas. Sólo bastaba con una ley sencilla, donde se tenía que obtener la documentación de las personas en mención e indemnizarlas, así simplemente”, sostuvo.
“Esto parece ser más una desconfianza con estas personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y esto ha sido así desde la presidencia de Sánchez Cerén, hasta la actualidad parece que están retardando el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH”, acotó Mauricio.
De igual forma, mencionó que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos fue crítica en su momento por el retardo de esta recomendación de obligatorio cumplimiento. Además, expresaron su inconformidad que luego, de 5 años de emitida la sentencia, que era el tiempo máximo que podía demandar un proceso de esta naturaleza, no había sido cumplida.
“Para mí, esta muestra de dilatación de justicia solo da cuenta de la pésima actuación del gobierno. Porque hablamos de una sentencia del año 2012, que hasta ahora están aún en el proceso de tratar de indemnizar a las víctimas y eso es inconcebible”, reiteró.
“Las víctimas -pienso yo-, lo ven desde otro ángulo, porque esperan esa indemnización, esperan que eso les ayude, incluso, algunas víctimas dejaron a sus hijos esa opción de reclamar esa indemnización porque estaban muy enfermos y fallecieron y otros lo hicieron por motivos de su vejez. No puede ser que un gobierno con sus recursos se tarde tanto para indemnizar a las víctimas”, expresó Mauricio.
Asamblea Legislativa avala prórroga de registro de víctimas
Con los votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga que solicitó el Ejecutivo para prolongar por 3 años más la “Ley Especial Transitoria” que establece el estado familiar, filiación, nacimiento o muerte de las víctimas de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, luego de ser aprobada en el año 2022.
El pasado 24 de junio, los diputados del partido oficial votaron para prolongar el registro de las víctimas de este crimen de Lesa Humanidad, aceptando los argumentos del gobierno sobre la complejidad de algunos elementos de ley, como el contexto en que se dieron estos hechos (conflicto armado), el tiempo que ha transcurrido desde ese momento (43 años) y otras observaciones genealógicas, que demandaban un “procedimiento especial” y, por tanto, pidieron extender la vigencia del registro.
Con este proceso se pretende establecer un trámite final de las personas convivientes, ya sea de hijos e hijas de las víctimas de la masacre. Asimismo, cumplir un trámite ante un notario para declarar su parentesco y luego que soliciten un edicto que se publique en un diario de circulación nacional, para acceder a la indemnización del Estado.
Órgano Judicial adeuda también justicia a víctimas
A 43 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, las organizaciones: Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Pro Búsqueda y Fundación CRISTOSAL, han denunciado un “estancamiento en el proceso judicial” de esta crimen de Lesa Humanidad.
Los abogados de las organizaciones que representan a las víctimas en este caso, han denunciado acciones que retrasan el proceso judicial que está a cargo del tribunal de San Francisco Gotera, Morazán, con “poco avance” para llevarlo a vista pública y emitir la sentencia contra los acusados de esta masacre.
Asimismo, denunciaron que la jueza Mirtala Portillo, que ahora lleva el caso, ha tomado la decisión de trabajar sólo con los representantes de la Fiscalía General de la República, y dejado por fuera a los abogados de la acusación particular que han venido representando y litigando por más de 8 años los derechos de las víctimas en este proceso penal.
La jueza también ha negado a los abogados de las víctimas el expediente del caso para conocer el desarrollo del proceso judicial. Afirman que durante el año 2023 no tuvieron acceso para consultarlo. También, denunciaron que cuando solicitan copias digitales, tienen que esperar meses para recibirlas.
Para los abogados acusadores, se trata de una “revictimización” a los sobrevivientes de esta masacre, porque precisamente uno de los elementos de la reparación de los más importantes que ordenó la sentencia de la Corte Internamericana de Derechos Humanos en su resolución es la no “revictimización” de estas personas.
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