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Redacción Nacionales
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Han pasado más de 45 meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, y con ello se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, por lo que su existencia ya no tiene validez.
Asi lo denunciaron la abogada penalista Roxana Cardona y el vocero del Movimiento Victimas del Régimen MOVIR, Samuel Ramírez, quienes agregaron que se suma a este panorama la concentración de poder y el deterioro del Estado de derecho.
El régimen continúa prorrogándose sin una evaluación real de sus efectos, permitiendo capturas arbitrarias, encarcelamientos sin debido proceso y la muerte de personas privadas de libertad sin acceso a atención médica adecuada, añadió Ramírez.
Entre las denuncias sobre el régimen se incluyen la falta de visitas familiares, la opacidad en el manejo de depósitos económicos y paquetes enviados a los centros penales, así como la ausencia de información sobre el paradero y la condición de las personas detenidas, entre otras situaciones de vulnerabilidad.
Además, Ramírez denunció que el Gobierno no ha asumido responsabilidad pública por las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Cardona, quien es una reconocida abogada penalista, dijo que la prolongación del régimen de excepción nunca fue constitucionalmente sostenible, ya que la Carta Magna establece su aplicación únicamente ante circunstancias extraordinarias como conflictos armados, rebeliones o catástrofes, condiciones que ya no existen.
El régimen ha impactado de manera desproporcionada a comunidades empobrecidas y a la juventud, generando un clima de miedo, estigmatización y persecución.
La abogada señalé que, aunque la presencia de pandillas ha disminuido, el temor ha sido reemplazado por el miedo a las detenciones arbitrarias y al abuso estatal.
Tarnto Cardona como Ramírez recordaron que han presentado tres demandas de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción ante la Sala de lo Constitucional, sin que hasta ahora exista respuesta.
Esto, solo evidencia la crisis institucional y la subordinación de los órganos del Estado al Ejecutivo, señalaron.
