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Por Leonel Herrera*
La reforma constitucional que avala la imposición de condenas perpetuas, aprobada esta semana por el oficialismo, poco o nada tiene que ver con el combate a la criminalidad y la aplicación de justicia. La medida, aprobada al mejor estilo de “los mismos de siempre” (sin ningún debate y sin seguir el procedimiento legislativo), responde a otras lógicas.
En primer lugar, la reforma es para legalizar algo que -en la práctica- ya existe en El Salvador: penas que superan el tiempo de vida de los condenados son realmente “cadenas perpetuas”. Por tanto, la medida no representa una novedad, sino la confirmación de que condenas desproporcionadas de varias decenas y hasta cientos de años siempre fueron inconstitucionales.
En segundo lugar, el bukelato busca reforzar la “narrativa punitiva” que hasta ahora le ha dado buenos réditos políticos: las condenas perpetuas se inscriben al mismo discurso “manodurista” de la represión y la fuerza bruta, en detrimento de verdaderas políticas de seguridad que también incorporan la prevención, la rehabilitación y la atención de las víctimas de la violencia. En tal sentido, la reforma también tiene un claro propósito electoral.
En tercer lugar, la reforma es un “elemento distractor” que intenta desviar la atención pública de los graves señalamientos del informe del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción y de otros temas sensibles para la imagen gubernamental. La medida busca que la población ignore otros problemas, mientras se entretiene hablando de la aprobación de la cadena perpetua.
En cuarto lugar, la dictadura busca aumentar el miedo ante el agravamiento de problemas que inevitablemente harán que la gente proteste: crisis del agua, precarización de las condiciones económicas, abandono estatal de las comunidades, etc. El mensaje de la reforma es: “no protesten porque ahora ya no sólo serán detenidos bajo el régimen de excepción, sino que también serán condenados a cadena perpetua”. Por eso se incorpora el delito de “terrorismo”.
Y, en quinto lugar, el régimen necesita una dar “demostración de fuerza” ante el informe de la ONU y sus posibles consecuencias. Esta reacción es emocional porque parte del enojo y la molestia que causa el informe que detalla los crímenes de lesa humanidad y plantea la posibilidad de llevar casos a la justicia internacional.
Por lo demás, la reforma confirma el abismo que hay entre los objetivos políticos del clan gobernante y las verdaderas necesidades, demandas y aspiraciones del pueblo salvadoreño. La autocracia bukeliana aprueba la cadena perpetua, mientras desoye el clamor ciudadano de restablecer la prohibición de minería metálica, eliminar impuestos a los alimentos y medicinas, facilitar el acceso a vivienda y aprobar medidas para generar empleo, bajar el costo de la vida, reactivar la agricultura, mejorar la salud y la educación, etc.
Finalmente, las reacciones viscerales siempre llevan a cometer errores. En este caso, como bien ha señalado el periodista Héctor Silva Ávalos, el bukelismo “se ha dado un tiro en los pies” al homologar el marco constitucional salvadoreño con el Estatuto de Roma que incluye condenas perpetuas para responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Con la reforma también se elimina el pretexto para impedir extradiciones hacia Estados Unidos, según el cual la posibilidad de recibir condenas mayores a las establecidas en la legislación salvadoreña vulneraba derechos de los procesados. Así que, el tiempo y los hechos dirán si aprobar condenas perpetuas resultó ser un “tiro por la culata” o un “disparo a los pies”, como dice Silva Ávalos, en tanto que abrió camino a la Corte Penal Internacional y a la extradición hacia los Estados Unidos.
*Periodista y activista ambiental.
