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PLANIFICACIÓN FAMILIAR: LA DISTANCIA ENTRE LAS NORMAS RELIGIOSAS Y LAS PRÁCTICAS SOCIALES

Alberto Romero de Urbiztondo
La última Encuesta Nacional de Salud 2014, click presentada recientemente por el Ministerio de Salud, cialis nos muestra la importancia de que el Estado defina sus políticas públicas con autonomía de las diversas instituciones religiosas.

Según esta Encuesta, el 72 % de las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) que están casadas o tienen una unión estable, usan algún método de planificación familiar para regular su capacidad reproductiva. Lo interesante es que al analizar el tipo de método que utilizan, solo el 2.2 % usan los únicos métodos que las principales iglesias consideran moralmente permitidos. Únicamente el 2 % de las mujeres usa la abstinencia (el método que promueven insistentemente las jerarquías eclesiásticas) y un 0.2 % usa la lactancia como forma de espaciar, aunque sea unos meses, el siguiente embarazo.

Una primera conclusión es que en nuestra sociedad las mujeres, en el momento de decidir sobre su capacidad reproductiva, tienen en cuenta diversos factores como el número de hijos que desean tener, la capacidad de ellas y su grupo familiar para atenderlos adecuadamente, su propia salud, o su proyecto de vida y aunque tengan creencias religiosas, separan y deciden que reglas morales siguen y cuales hacen a un lado por considerar que ya no responden a las necesidades actuales.

Al analizar en detalle el método que más usan, sorprende que el 37 % ha optado por esterilizarse, y un 20 % usa anticonceptivos inyectables, es decir, son las mujeres las que parecen optar por métodos que les garanticen no tener embarazos no deseados.

Solo un 4.3 % de las parejas masculinas asumen la responsabilidad activa de planificar, bien mediante uso del condón, 4 %, o esterilización, 0.3 %.

Del 28 % de mujeres que no usan métodos anticonceptivos, el 11 % querrían hacerlo pero no tienen acceso a ellos, lo que eleva hasta el 83 % las mujeres que deciden o quieren decidir sobre su maternidad.

Por tanto, el Estado, al definir sus políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva y al organizar los servicios para atenderlas, debe de guiarse por criterios de salud pública y por la demanda real de una población que, sin renunciar a sus creencias religiosas, tiene criterios morales que ya no responden a los que definen las jerarquías eclesiásticas, pues, como muestra esta encuesta, no le resultan útiles para tomar decisiones relativas a una maternidad deseada y decidida.

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