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Durante el año 2020 las afectaciones por dos tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal), dos huracanes (ETA e IOTA), y la pandemia covid, afectó a la agricultura campesina y se perdieron cultivos y sembradillos. Foto Diario Co Latino/Archivo

Plan de reactivación y asignación presupuestaria para el sector agrícola

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

En el Balance General del año 2020, y en el marco de las elecciones a diputaciones y gobiernos locales del 2021, la Mesa por la Soberanía Alimentaria lamentó que el país siendo eminentemente agrícola, aún no cuente con una Ley de Soberanía Alimentaria, Ley General de Aguas y otras políticas públicas, que den garantía a esos derechos fundamentales de la población salvadoreña.

A doce años de la lucha social de las comunidades y organizaciones, ante los intereses de los grupos de poder económico y político, frente a las mayorías desposeídas históricamente, la Mesa por la Soberanía Alimentaria señaló en un pronunciamiento el incremento de la precariedad de la población en el sector rural por el embate de los fenómenos atmosféricos, generados por el Cambio Climático, reseñó Zulma Larín, de RACDES, que integra la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

“Durante el año 2020 las afectaciones por dos tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal), dos huracanes (ETA e IOTA), y la pandemia covid, que nos sigue afectando, en ese entorno la agricultura campesina registró pérdidas de sus cultivos, principalmente los granos básicos, café y hortalizas. Y de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se trata de pérdidas de 652,846 quintales en maíz frijol y arroz. Solo las familias campesinas de La Libertad, registraron pérdidas entre el 50-60 % del cultivo del frijol, que significó reducción de la reserva de alimentos o vender lo poco de su excedente para la compra de otros alimentos. Pero aún en esta situación la agricultura campesina no se detuvo para generar alimentos a la población salvadoreña”, afirmó Larín.

No obstante, agregó, que los pequeños agricultores pese a estos esfuerzos por hacer producir la tierra, aún este sector poblacional no cuenta con políticas públicas claras que le beneficien o potencien su trabajo lo que consideraron una flagrante violación a sus derechos humanos.

“La asignación de menor presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en los últimos años, las restricciones en la distribución de alimentos y acceso a insumos productivos, la falta de atención de enfermedades crónicas, como la Enfermedad Renal Crónica, la importación de alimentos a sobreprecios y no comprarle al mercado interno.

Así como, el despliegue y montaje del show publicitario para atender la plaga inexistente de langostas, cuando realmente era el gusano medidor el que afectaba a las plantaciones, solo significa una improvisación en la gestión del Gobierno”, sostuvo Larín.

Las organizaciones de la Mesa por la Soberanía Alimentaria citaron también las cifras de la FAO, que dan cuenta que un aproximado de 95,000 personas, estuvieron en emergencia por la “grave ausencia de alimentos”, para el 2020, y que de no ser atendidos en el presente años, podría incrementar la cifra a 121,000 salvadoreños y salvadoreñas en una situación de precariedad de alimentos. Así como, las 590,000 personas que se encuentran en “crisis alimentaria”, podría elevarse a 824,000, estimaron en su pronunciamiento.

La preocupación aumenta, afirmó Adela Bonilla, por la constante depredación del medio ambiente del territorio nacional, así también, por la mercantilización del agua y los bienes comunes de comunidades y poblaciones indígenas que han visto la destrucción de sitios sagrados como el sitio ceremonial Tacushcalco, en Nahulingo, por una constructora o el intento por construir la octava Presa en el río Sensunapán, Nahuizalco, ambos municipios del departamento de Sonsonate.

Así como el complejo habitacional Valle El Ángel, que afectará la recarga del manto acuífero en San Salvador, son los desafíos que enfrentan por ahora en sus territorios las comunidades y el movimiento social.

“Queremos expresarle al órgano Ejecutivo a definir políticas claras de protección al medio ambiente, el agua y los bienes comunes. Detener los permisos de destrucción otorgados. Y priorizar la agricultura nacional, antes que la importación de alimentos y transparentar el uso de los recursos públicos abriéndose al escrutinio público sin ninguna objeción, y remover a aquellos funcionarios o funcionarias que incurran en actos de corrupción e investigar  a fondo los casos”, señaló Bonilla.

Asimismo, demandaron de salud en las comunidades rurales, acercando la atención médica especializada en enfermedades crónicas, a través, de los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que tuvo resultados óptimos con la Reforma de Salud. También, seguir con la entrega de escrituras de tierras excedentes del ISTA, con un enfoque a las mujeres campesinas.

Entre las problemáticas que deben resolverse, Bonilla se refirió a la “asignación de transferencias”, en los programas como Comunidades Solidarias a campesinas y campesinos. Y la asignación y reconocimiento al presupuesto de la “Política Nacional de Desarrollo Integral de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas” (PNMRIC), respetando la institucionalidad y acatando las leyes de país.

“Al órgano Legislativo le demandamos que aprueben la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, también aprueben la reforma constitucional por el derecho humano a la alimentación. A la siguiente legislatura, ratificar la reforma constitucional por el derecho humano al agua y que busquen legislar sobre la pensión universal para agricultores y agricultoras. Además, aprobar la eliminación del IVA (Impuesto del Valor Agregado) a los productos alimenticios de primera necesidad, especialmente en aquellos productos agrícolas sensibles de origen nacional”, reiteró.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria, desde su divisa “Por Nuestra Soberanía Alimentaria, Defendemos Agua, Tierra y Semillas”, llamó a la población a “estar atentos y vigilantes” y no dar su voto para elegir a funcionarios que han mostrado no estar vinculados al respeto a derechos humanos, como el agua, alimentación, salud y educación. Y que le niegan a la población la transparencia en la rendición de cuentas con fondos del Estado, que provienen del pago de impuestos de la población.

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