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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador presentaría una carta ayer al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, donde pedirían su apoyo para que la Asamblea Legislativa decrete el 30 de agosto como “Día Nacional del Detenido Desaparecido en El Salvador”. Sin embargo, fueron notificados que el líder religioso no se encontraba en la iglesia. Por tal, postergaron su entrega; pero este día, la van a presentar a la Asamblea Legislativa.
La Comisión sentó postura en el contexto del Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida el cual se desarrolla cada 30 de agosto. Pues según comentó David Ortiz, miembro de la Comisión, el Estado salvadoreño “sigue ignorando de manera sistemática las víctimas y puntualmente a las víctimas de desaparición forzada, ocurridas en el contexto del conflicto armado”.
Esta comisión, enfocada en derechos humanos, ha solicitado desde 1996 a la Asamblea Legislativa decretar el 30 de agosto como “Día Nacional de los Desaparecidos en El Salvador”, como una forma de recordar y conmemorar a los más de 7 mil personas desaparecidas durante el conflicto armado.
“Lo hemos solicitado, pero hemos sido ignorados por las diferentes administraciones que han atravesado en la Asamblea Legislativa igual que los gobiernos centrales (…) hasta la actualidad, el Gobierno no ha sido capaz de firmar y ratificar tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos y sobre la desaparición forzada”, comentó Miguel Montenegro, también, miembro de la comisión.
En la carta dirigida al arzobispo, la comisión planteó que, de acuerdo con las normas internacionales, la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad, “y El Salvador tiene el derecho a conmemorar y recordar a estas víctimas desaparecidas”.
“Seguro de que a usted (al arzobispo) no le es indiferente el dolor y sufrimiento de los familiares, de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado, de las cuales, la Comisión de la Verdad recibió 4,937 denuncias, por lo tanto, a usted señor arzobispo solicitamos respaldar nuestra petición en interponer sus buenos oficios ante la Asamblea Legislativa para que se apruebe el decreto solicitado”, expresó la misiva, la cual, tendrán que entregar en otra fecha, ya que Escobar Alas no se encontraba en Catedral, según les informaron.
La Comisión lamentó que desde hace 25 años los diputados se nieguen a emitir legislación para conmemorar a las víctimas desaparecidas durante la guerra civil que tuvo lugar de 1980 a 1992. Es por eso, que representantes llegarán este lunes a las instalaciones de la Asamblea a presentar una pieza de correspondencia, esperando que la bancada mayoritaria tenga a bien recibirla, estudiarla y aprobarla.
“Décadas después, las víctimas siguen tocando puertas de la institucionalidad para que hagan si quiera un cambio simbólico para poder decretar un día nacional para conmemorar a las personas que desaparecieron y que el Estado salvadoreño no hace mayor cosa por buscarlas y encontrarlas, ese es el objetivo de esta actividad”, sostuvo David Ortiz.
El Estado salvadoreño ha sido evaluado recientemente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde uno de los temas que se evaluó fue la búsqueda de las personas desaparecidas “una de las conclusiones que se tuvo en esa evaluación es que el Estado no ha hecho nada para buscar a las personas desaparecidas”, remarcó Ortiz.
“Las desapariciones ocurridas en el contexto del conflicto armado son producto de un aparato organizado de poder que se dedicaba a capturar, torturar, secuestrar y masacrar de manera sistemática a la población civil. Esto está documentado en la resolución de la inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en 2016”, destacó Ortiz.
Con el actual Régimen de Excepción que el Estado implementó para presuntamente combatir las pandillas, también se han dado casos de desaparición forzada, pues a muchos ciudadanos que no tienen vínculos con pandillas, se les ha capturado y aparentemente llevado a un centro penal, pero a las familias no se les dice nada; ni de dónde están, si están bien, o si están vivos o muertos, pues en los penales han muerto al menos 70 salvadoreños por negligencia estatal.
Al respecto, David Ortiz sostuvo que el Estado Salvadoreño no está configurado para garantizar los derechos de la población, “sino para reprimir, perseguir, capturar mayoritariamente personas que viven en territorios excluidos y marginados, de eso se trata el Régimen de Excepción”.
Sobre la cifra que podría haber de personas catalogadas como desaparecidas forzosamente, es difícil de plantear, destacó Ortiz, ya que el Estado no informa a los familiares sobre el paradero de su capturado. “Para que se pueda calificar como una desaparición se deben generar algunos requisitos; uno de ellos es que la persona haya sido desaparecida por cuerpos del Estado (Policía Nacional Civil, Fuerza Armada) o con la quiescencia del Estado, y el otro es que el Estado ni de información de dónde se encuentra la persona detenida, eso está sucediendo con el Régimen de Excepción”.
Concluyó que mientras no se resuelva “esa forma de proceder”, se puede decir que el Estado salvadoreño está institucionalizando un tipo de desaparición forzada que se denomina “desaparición forzada de corta duración”.
En horas de la mañana de este lunes, la CDHES presentará una pieza de correspondencia a esperas que las fracciones legislativas los puedan recibir.
