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La Comisión sostuvo que El Salvador es un país que pertenece a la comunidad internacional. Significa que el derecho de los ciudadanos está normado por el derecho nacional, pero que, cuando el Estado falla en su protección, la víctima de violación puede y debe recurrir al derecho internacional en la búsqueda que se le haga justicia por las violaciones que sufre en el país.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones que conforman la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador realizaron este miércoles un foro denominado «Memoria Histórica», con el fin de visibilizar ante la opinión pública que se sigue buscando justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado salvadoreño.
Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), enfatizó que la justicia no se ha efectuado para las víctimas del conflicto armado, quienes la siguen esperando. Sostuvo que en ningún momento y en ninguna circunstancia se debe apagar la vela que contiene la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Las violaciones de derechos humanos que se vivieron durante el conflicto armado siguen estando en la actualidad con el régimen de excepción. “Hoy nuevamente estamos sufriendo a través del régimen de excepción nuevos hechos de graves violaciones a los derechos humanos, todo esto nos viene a preocupar”.
A juicio de Montenegro, “los hechos del pasado con los hechos del presente llegan y dañan a la sociedad salvadoreña con graves violaciones a derechos humanos, con las detenciones arbitrarias, los procedimientos incorrectos, inadecuados y procedimiento como la tortura».
La Comisión de Pro Memoria Histórica considera importante el mes de julio porque el 13 de julio de 2016 se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró que la Ley violaba el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas.
Hoy, 17 de julio, además, es el Día de la Justicia Penal Internacional, el Estatuto de Roma. “Nosotros vemos como hay mucha importancia de poder señalar e invitar a acompañar esta voz que siempre ha estado al frente para pedir justicia y reparación”, sostuvo Montenegro.
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal ”María Julia Hernández”, recordó la declaración del presidente de la República, Nayib Bukele, en 2020, cuando consideró que la guerra y los Acuerdos de Paz fueron una farsa.
“No se ha querido entrar a lo que decían los Acuerdos de Paz porque ahí se establecieron las rutas para una democracia, para una reconciliación de nuestra población y seguimos viviendo hoy en conflicto con odio y con una serie de cuestiones porque no se quiso hacer nada de lo que establecían los Acuerdos de Paz”, enfatizó.
La Sala de lo Constitucional, luego de derogar la Ley de Amnistía, ordenó a la Asamblea Legislativa promulgar una Ley de Justicia Transicional, pero “hasta la fecha no se ha hecho”, lamentó Ovidio Mauricio.
Vicente Cuchillas, docente universitario y miembro de la comisión, recalcó que “cuando el Estado de un país no tutela los derechos humanos de la sociedad, el Estatuto de Roma es la alternativa social para encontrar la justicia”.
La Comisión sostuvo que El Salvador es un país que pertenece a la comunidad internacional. Significa que el derecho de los ciudadanos está normado por el derecho nacional, pero que, cuando el Estado falla en su protección, la víctima de violación, puede y debe recurrir al derecho internacional, en la búsqueda que se le haga justicia por las violaciones que sufre en el país.
Una de las normas internacionales que un salvadoreño puede recurrir, es el Estatuto de Roma, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 17 de julio de 1998, en Roma, Italia.
El 1 de julio de 2002 se instaló formalmente la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que juzga los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, incluyendo el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Los crímenes de lesa humanidad, en particular, son delitos graves cometidos como parte del ataque generalizado o sistemático en contra una población civil, estos pueden ser asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud y persecución, entre otros.
El Salvador depositó los instrumentos de ratificación el 3 de marzo de 2016, convirtiéndose, con ello en el 124° Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde esa fecha, El Salvador quedó bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma. “Es tarea de la sociedad cuidar que los delitos tipificados en estos Estatutos, no se den en nuestro país, y de darse, poder recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), para que se haga justicia en cada uno de las violaciones de los derechos humanos que se sufra, de manera que los responsables de dichos actos inhumanos no se sientan con la tranquilidad de que pueden cometer sus crímenes con total impunidad, por contar con el respaldo de instancias del Estado salvadoreño”, dijo la Comisión.
Es de ejemplificar que, desde el año 2021, todas las instituciones públicas la controlan la Presidencia de la República.
“Es del interés de la Comisión de Trabajo de los Derechos Humanos y Memoria Histórica, ahora que se cumplen 27 de la aprobación del Estatuto de Roma, hacer la labor de seguir dando a conocer a la sociedad salvadoreña la existencia y utilidad de dicha norma jurídica internacional y de la Corte Penal, para que las víctimas no pierdan la esperanza de que las violaciones en su contra no quedarán impunes”, señaló la Comisión.
A juicio de las organizaciones de derechos humanos, en los últimos años, la sociedad salvadoreña ha experimentado una cantidad de violaciones de derechos humanos de personas inocentes, que instituciones del Estado, tales como: la PNC, Fuerza Armada, Centros Penales, instancias del Órgano Judicial, cometen una cantidad de violaciones como capturas arbitrarias e ilegales, las privaciones de libertad, las torturas, las negligencias con las personas detenidas con enfermedades temporales y crónicas y las muertes en los centros penales, entre otro.
Esto bajo el régimen de excepción, medida estatal vigente desde el 27 de marzo de 2022. Esas violaciones pueden estar establecidas dentro de las figuras penales del Estatuto de Roma.
La Comisión exhortó al gobierno y demás instituciones del Estado, a que tome en cuenta lo que establece el Estatuto de Roma, y que se abstengan de violar los derechos humanos de las personas inocentes, ya que en algún momento podrían tener un juicio en su contra en la Corte Penal internacional.
