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Por Orlando Sierra/Noe Leiva
La Esperanza/AFP
Miembros de organizaciones étnicas y sociales se concentraron en La Esperanza, en el oeste de Honduras, para recordar a la ambientalista Berta Cáceres en el primer aniversario de su asesinato y exigir castigo para los autores intelectuales del crimen.
«Por las movilizaciones que se han hecho han capturado a ocho gatilleros, pero faltan los que dieron la orden para matarla: los empresarios de los proyectos hidroeléctricos de muerte», dijo a la AFP Austra Flores (de 84 años), madre de la ambientalista.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa, en la comunidad de La Esperanza.
Sed de justicia
Decenas de activistas llegaron a La Esperanza el jueves desde distintas zonas del país para participar el viernes junto a familiares y miembros del Copinh en los actos conmemorativos.
«Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta», expuso el Copinh en una declaración en que exige que «el Estado hondureño asuma su responsabilidad» por la muerte de «quien no solamente desprotegió, sino que persiguió y criminalizó por su labor humanitaria».
En el marco de la conmemoración, las organizaciones acordaron en un foro impugnar todos los proyectos emprendidos por hidroeléctricas y mineras en los territorios indígenas hondureños, una labor que le costó la vida a Cáceres.
Los actos de conmemoración del asesinato de Cáceres, quien en 2015 recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel de los ambientalistas, finalizarán el sábado, día en que ella estaría cumpliendo 46 años.
Flores responsabilizó de la muerte de su hija al gobierno, a los militares y a los grandes empresarios de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que construía el proyecto ‘Agua Zarca’ en el río Gualcarque.
A los autores intelectuales «los tienen muy bien escondidos, pero más o menos se sabe quiénes son», afirmó la dolida madre.
Presión internacional
«Esperamos que con toda la presión nacional e internacional los alcance el brazo de la justicia y podamos derrocar a este gobierno y su poderoso ejército», dijo la mujer.
El legislador demócrata estadounidense Hank Johnson (demócrata de Georgia), junto a otros 22 copatrocinadores, presentó un proyecto denominado Ley de Derechos Humanos en Honduras ‘Berta Cáceres», encaminado a detener el financiamiento de los organismos de seguridad del país mientras no se castigue a los responsables del crimen.
La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa destacó en una carta abierta que esa misión diplomática «continúa prestando asistencia técnica» para las investigaciones del «brutal asesinato» de la ecologista.
«Estados Unidos se mantiene comprometido a ayudar con los hondureños a construir un futuro en el que se resuelvan las causas subyacentes de la impunidad, y (…) no podría haber un legado más duradero e importante para Berta Cáceres que eso», manifestó la embajada.
Desde hace un año, cuando Cáceres fue asesinada, otros siete defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras, y 120 desde 2010, según la ONG Global Witness, con sede en Londres.
Tales cifras hacen de Honduras el país más mortífero del mundo para defensores del ambiente, señaló la ONG.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había recibido amenazas por impedir a través de manifestaciones con los indígenas lencas la ejecución del proyecto de DESA.
Entre los detenidos hay un empleado de DESA pero la empresa aseguró en un comunicado que «bajo ningún concepto es responsable» del crimen y «desde el primer momento ha estado a disposición de las autoridades, cooperando».
