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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, para brindar su opinión sobre las penas perpetuas que sean impuestas a violadores, homicidas y terroristas.
El funcionario aplaudió la reforma constitucional y pidió abiertamente a los legisladores a que ratificaran la medida ya que con ello se impondría “una pena de prisión de carácter permanente de todos aquellos que forman parte de estas organizaciones criminales o pandillas”.
“Estas son medidas que están justificadas por la prevención que se va a lograr de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan en libertad en un corto tiempo”.
La reforma constitucional va acompañada de una serie de reformas a las leyes secundarias para darle “viabilidad” y “aplicabilidad práctica”, explicó Delgado en referencia a que la cadena perpetua se incorpora al Código Penal como la pena principal a aplicar para los delitos de naturaleza más grave, en este caso por ser pandilleros, violaciones y asesinos.
El funcionario explicó que la propuesta de reforma al Código Penal, incluye un artículo donde se podrá realizar una revisión de la pena perpetua impuesta. Delgado aclaró que El Salvador, “como un estado de derecho, reconoce la necesidad de que en algún momento sea sometida a una revisión. Para que, de esa forma, la pena perpetua armonice la seguridad que necesita la sociedad salvadoreña con el Estado de Derecho”.
El artículo en cuestión señala que la pena de prisión perpetua se ejecutará, con revisión obligatoria una vez cumplidos: “a) Veinticinco años, para delitos cometidos por menores de edad; b) Treinta años, si fuere un solo delito; c) Treinta y cinco, si hubiese concurso de delitos; d) Cuarenta años, cuando concurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada.»
“La aplicación de estas penas perpetuas es totalmente compatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, destacó Delgado, quien a la vez señaló que el sistema interamericano de DDHH lo que prohíbe, basado en el artículo 5.6 de la Convención Americana “son las penas perpetuas absolutas o fijas, que no ofrecen esperanza de liberación”.
“Sin esta revisión, las penas serían inconstitucionales porque estaría contradiciendo al mismo artículo 27 (inciso tercero de la Cn.) y también contradiciendo los tratados internacionales suscritos por El Salvador”, añadió Delgado.
Para el lunes 23 de marzo, se recibirá al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía.
