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Redacción Nacionales
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El sistema de pensiones salvadoreño enfrenta una crisis estructural marcada por baja cobertura, alta deuda previsional y reformas que, según Patricio Pineda, especialista en pensiones, han reducido el ahorro individual de los trabajadores. Así lo expuso Pineda en Encuentro con Julio Villagrán, en la que detalló cifras oficiales y cuestionó las modificaciones a la ley de pensiones aprobadas en 2022 por Nuevas Ideas, PDC y PCN.
De acuerdo con los datos expuestos, desde la creación del sistema privado en 1998, los trabajadores y empleadores han aportado aproximadamente 16,000 millones de dólares al fondo de pensiones. Sin embargo, se ha emitido deuda previsional equivalente al 73 % de ese patrimonio, lo que implica que buena parte de los recursos depositados están comprometidos en obligaciones estatales.
“De cada dólar que se aporta al sistema, alrededor de 75 centavos están destinados a cubrir deuda”, explicó el especialista, quien sostuvo que esta situación limita la capacidad del fondo para generar rentabilidad suficiente y garantizar pensiones dignas en el futuro.
Uno de los principales problemas señalados es la baja cobertura. Según cifras del último censo poblacional publicadas por el Banco Central de Reserva (BCR) y la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), El Salvador cuenta con aproximadamente 6.3 millones de habitantes. De ellos, cerca del 55 % se encuentra en edad productiva, es decir, entre 18 y 60 años.
No obstante, aunque alrededor de 1.9 millones de personas han participado alguna vez en el sistema de pensiones, menos de un millón cotiza de forma activa mes a mes. Esto representa apenas un 27 % de la población económicamente activa, porcentaje que, según el experto, se mantiene prácticamente igual desde 1998.
El especialista agregó que la cobertura real podría ser aún menor si se toma en cuenta la población adulta mayor. Actualmente, el 11 % de los habitantes del país supera los 60 años, lo que equivale a unas 755 mil personas. De ese total, solo 241 mil eciben una pensión, es decir, aproximadamente el 32 %. Al integrar estos datos, la cobertura efectiva del sistema se reduciría a cerca del 12 %.
Otro factor crítico es la densidad de cotizaciones, que se refiere a la cantidad de años efectivamente cotizados por cada trabajador. Aunque 1.9 millones han tenido participación en el sistema, se estima que alrededor de 1.5 millones no alcanzarán los 25 años requeridos para pensionarse, debido a empleos inestables, periodos de desempleo o bajos salarios.
El mercado laboral también influye en esta dinámica. Según los datos expuestos, el 78 % de los cotizantes gana menos de 500 dólares mensuales, lo que repercute directamente en el monto de la pensión futura.
A esto se suma el cambio demográfico. En comparación con el censo de 2007, la proporción de adultos mayores ha crecido dos puntos porcentuales. Las proyecciones oficiales indican que hacia 2058 el país perderá su bono demográfico, es decir, habrá más personas adultas mayores que jóvenes en edad productiva. De mantenerse la tendencia, el gasto en pensiones podría superar el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Uno de los puntos más polémicos abordados fue la reforma de 2022. El especialista recordó que antes de esa modificación existía una disposición transitoria que establecía que los trabajadores tendrían una cuenta individual con un aporte del 11.10 %, mientras que el aporte a la Cuenta de Garantía Solidaria disminuiría progresivamente hasta el 2 %.
Con la reforma, el porcentaje destinado a la cuenta individual se fijó en 9 %, mientras que el aporte a la cuenta solidaria aumentó. Esta diferencia del 2.10 %, multiplicada por los 25 años mínimos de cotización, representa —según el análisis— una pérdida acumulada de 52.5 % en el valor del ahorro individual proyectado.
Actualmente, del 16 % del salario que se destina al sistema de pensiones, el trabajador aporta 7.25 % y el empleador 8.75 %. De ese total, 9 % va a la cuenta individual, 6 % a la Cuenta de Garantía Solidaria y 1 % corresponde a la comisión de la administradora de fondos de pensiones (AFP).
El especialista presentó un ejercicio comparativo bajo una rentabilidad anual estimada del 4 %. Según el cálculo expuesto, el rendimiento mensual que obtiene el trabajador por su cotización ronda 1.47 dólares, mientras que el Estado, a través de la cuenta solidaria, capta cerca de 25 dólares, y la AFP alrededor de 4 dólares en concepto de comisión.
Ante este panorama, el analista planteó la necesidad de reformas estructurales que incluyan la ampliación de cobertura, la revisión de la fórmula de cálculo de las pensiones y mayores controles sobre el uso de los fondos. También subrayó la importancia de generar más empleo formal y mejorar los salarios para fortalecer la sostenibilidad del sistema.
“El problema no es solo financiero, sino estructural y demográfico. Si no se corrigen las distorsiones actuales, las nuevas generaciones enfrentarán pensiones insuficientes o incluso la imposibilidad de jubilarse”, advirtió.
