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Roberto Cuéllar M.*
La educación es un derecho fundamental para la vida y la democracia inclusiva por ser participativa, prescription creativa y productiva. De la misma depende mucho, cialis muchísimo, el desarrollo digno individual y colectivo en la sociedad. El Salvador la menciona en el artículo 35 y, más específicamente, la reconoce en el 53 de la Constitución Política como inherente a la persona humana que es –sin dudas ni regateos– “el origen y el fin de la actividad del Estado”. Tanto en el ámbito universal como en el americano, sus declaraciones fundacionales colocan a la educación en el catálogo de los derechos fundamentales; la primera en el artículo 26 y la segunda en el XII. Pero el Protocolo de San Salvador del sistema interamericano es el instrumento que, a la luz de su artículo 13, posibilita un mecanismo concreto para hacer valer la educación como tal, por medio de la denuncia y la posibilidad de la justiciabilidad en la Corte Interamericana.
Sin embargo, pese a los enunciados anteriores que sirven para reivindicar su realización real, la mayoría de las juventudes salvadoreñas han carecido de la formación y de las destrezas necesarias para insertarse efectivamente en los mercados laborales y productivos, y de las habilidades ciudadanas para conseguir mejores niveles de seguridad y de desarrollo humano en el país.
Esa universalidad negada del derecho a la educación también la planteó Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), asesinado junto a dos mujeres y cinco hermanos jesuitas más en un crimen abominable, y aún sin castigo. Para el jesuita mártir, la misma no ha sido nunca una realidad pero sí ha sido siempre una utopía realizable cuando se parte del conocimiento y el reconocimiento desde dónde se proclaman los derechos, del para quién se proclaman y del para qué se proclaman.
Así, vista críticamente la realidad, a muchas y muchos jóvenes se les sigue impidiendo el goce de ese derecho inherente a su persona. Por eso, el Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén anunció el 19 de enero, en el campus de la Universidad Nacional de El Salvador, la creación oficial de la Universidad de El Salvador “en línea y educación a distancia”, como asunto vital en la apuesta gubernamental y social ganadora tendiente a generar más inclusión y mayor desarrollo productivo, más seguridad humana y mayor valor de los derechos de la ciudadanía. Con ello y con lo hecho hasta hoy para alcanzar esas metas, se ha dado un enorme paso hacia la materialización del “buen vivir”.
Sin dejar de soñar, la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Educación han comenzado a pasar, pues, de lo ideal a lo real. El desafío ineludible de avanzar hacia ese “buen vivir” mediante el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación –las TIC– para la gente más pobre y relegada, requiere que el Estado las lleve a sus comunidades.
Administrando bien los dineros del pueblo, se ha invertido los recursos necesarios para contar con la capacidad física: centros y tutores; con la oferta académica y de registro: carreras aceptadas y ofrecidas por Universidad de El Salvador y con el patrocinio de la Benemérita Universidad Nacional Estatal a Distancia de Costa Rica; con la formación de personal especializado en manejo de equipo especial, desde el moderno centro de datos; y con la adecuación de dieciséis sedes: cuatro de la Universidad de El Salvador y doce del Ministerio de Educación, blindadas con la coraza de seguridad que exige este derecho fundamental del pueblo y para el pueblo.
A partir de abril de 2015, la OEI se sumó a tan magno esfuerzo, mediante el convenio de acompañamiento administrativo y técnico al Ministerio de Educación y la Universidad de El Salvador, convencida de lo esencial: que este proyecto formará profesionales del pueblo para el cambio social; que motivará la investigación enfilada a la solución de los problemas nacionales desde la participación local y comunitaria de las poblaciones pobres; y que la Universidad de El Salvador – pública, virtual y a distancia -, pondrá en el centro de su enfoque ético a las víctimas del mal común, para acompañar universitariamente la ruta liberadora hacia el “buen vivir”.
“Que se capacite a los y las niñas y a la juventud a analizar la realidad del país”, mandó muy bien en esa línea el beato Óscar Romero, en abril de 1978. “Lo primero – reafirmó en esa homilía – que debe buscar una educación, pues, es encarnar a la persona en la realidad, saber analizar, ser críticos de su realidad. Una educación que sea educación para la participación política, democrática, consciente. Esto, ¡cuánto bien haría!”.
Así, pues, este proceso de creación y desarrollo de la UES virtual y a distancia tiene un carácter público y militante en derechos humanos porque –en primer lugar– puede imprimirle más valores éticos y mayor conciencia crítica a la vida y a la extensión universitaria en el país, que está muy deteriorada; en segundo término, puede generar y desarrollar capacidades humanas para la búsqueda y el logro de una vida digna, desde las propias comunidades locales por medio de la participación universitaria ante los problemas más reales de la realidad nacional; asimismo, porque puede cambiar la ruta deshumanizante que se sufre en el país por una ruta liberadora hacia la cultura, la inclusión y la justicia social.
Finalmente, porque una educación de ese talante, impulsada por el Presidente Sánchez Cerén con esos fines, estará a tono con lo que el pastor mártir fue en vida: el apóstol de los derechos humanos vigentes para todas las personas, especialmente las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
*Director Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
