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Por Leonel Herrera*
La comunidad Santa Marta y la Asociación ADES han denunciado que la Dirección General de Centros Penales (DGCP), del Ministerio de Seguridad Pública, no ha cumplido la orden del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque de excarcelar a los líderes comunitarios detenidos arbitrariamente desde el pasado 11 de enero.
La DGCP tenía un plazo de cinco días para cumplir la resolución judicial que decretó arresto domiciliar para los defensores ambientales, quienes -antes de ir a sus viviendas- deben recibir atención médica en el Hospital Nacional Rosales durante una semana debido al grave estado de salud consignado en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
Al no cumplir la referida resolución judicial, la DGCP está violando la ley y su titular Osiris Luna estaría cometiendo desacato, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y otros delitos sancionados en el Código Penal.
Vale decir que este funcionario tiene por costumbre incumplir fallos judiciales y hay varios casos donde no ha acatado la orden de excarcelar a prisioneros, especialmente a ex funcionarios de gobiernos anteriores o políticos de oposición. En el caso de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, el comportamiento de Luna es doblemente criminal, pues -al no acatar la orden de excarcelarlos- también pone en peligro sus vidas.
Además del grave deterioro de quienes sufren diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos, Medicina Legal detalla cuadros delicados de enfermedades gastrointestinales, de la piel y otras provocadas por la mala alimentación, poca agua, falta de medicamentos, insalubridad, hacinamiento y demás condiciones inhumanas, crueles y degradantes de la prisión.
Osiris Luna no es un funcionario bienintencionado y el gobierno al que sirve quiere mantener presos a los líderes comunitarios para debilitar la resistencia ambiental contra la minería metálica, por tanto sólo la movilización y presión social puede obligarlo a acatar la resolución judicial que le ordena sacarlos de prisión.
Por tanto, es urgente que todas las comunidades repobladas y las diversas organizaciones del movimiento social cierren filas con Santa Marta y ADES para exigir con fuerza la inmediata excarcelación de los líderes ambientalistas; y que toda la ciudadanía democrática se indigne y proteste contra la farsa judicial montada contra estos luchadores de la resistencia antiminera que defienden el agua, el medioambiente y la vida en el país.
También es oportuna una mayor presión de las organizaciones extranjeras aliadas de la lucha contra la minería en El Salvador y de toda la comunidad internacional que ha expresado solidaridad con los ambientalistas detenidos y condenado las vejaciones cometidas por el Estado salvadoreño.
Solo así los líderes comunitarios saldrán de prisión y se incrementará la presión para revertir la acusación sin pruebas de la Fiscalía, el injusto proceso penal y la instrumentalización de la justicia para perseguir a activistas sociales y defensores de derechos humanos.
*Periodista y activista.
