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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“En El Salvador se registraron 1,008 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en 2019”, dijo Rina Montti, directora de Derechos Humanos de CRISTOSAL, en la presentación de un informe de monitoreo a partir de los registros de las organizaciones EDUCO, Médicos sin Fronteras, Cristosal y Plan Internacional.
Como integrantes del Sistema Regional de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica, estas organizaciones, que brindan ayuda a las personas que han sido víctimas de amenazas, amedrentamientos o violencia por grupos pandilleriles o agentes del Estado, registraron 811 casos denunciados sobre esta temática.
“Este estudio lo que busca es registrar la cantidad de desplazamiento forzado interno, atendido por la sociedad civil (Cristosal, EDUCO, Médicos sin Fronteras y Plan Internacional), y son 1,008 personas afectadas. En donde la mayoría de las víctimas son niñas, niños, adolescentes ente 5 a 17 años; es decir, el impacto realmente fuerte a la vulneración de sus derechos fundamentales, pues está especificado en estos rangos poblacionales”, dijo.
Del cual, aclaró que 632 (62.7 %) de grupos de población se desplazaron y 376 (37.3 %) se encuentra en “necesidad de desplazamiento” de grupos familiares completos; la mayor parte de los casos registrados provienen de San Salvador (151 casos), La Libertad (87 casos) y Usulután (54 casos).
Asimismo, de las 269 personas registradas por Cristosal y Médicos Sin Fronteras, fueron 32 denuncias ante instituciones del Estado; en donde un familiar u otra persona conocida denunciaron los hechos cometidos a las víctimas, que no suelen acudir a las instancias estatales en búsqueda de protección.
“El Salvador ya tiene una ley de protección a personas desplazadas forzosamente, que se aprobó a principios de 2020, pero no se ha implementado. Lo que necesita es un reglamento que vendría a poner las delimitaciones y reglas que indiquen el trabajo de las instituciones del Estado, sobre la protección de las víctimas, y eso hasta la fecha no existe”, acotó Montti.
La Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, que obtuvo 82 votos del pleno legislativo, contiene 35 artículos que dan paso a la creación de un Sistema Nacional de Atención y Protección Integral, cuya función será: emitir, implementar y evaluar la Política Nacional de Prevención y Protección a Personas en condición de desplazamiento forzado.
Y de acuerdo al registro de las organizaciones del Sistema Regional de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica, en El Salvador persiste la desconfianza en las instituciones oficiales y el temor a que los victimarios se enteren de sus denuncias.
“Hay dos hallazgos que me gustaría señalar: primero, la mayoría de las víctimas reportan a las pandillas como los principales perpetradores y esto se ha mantenido. Y, segundo, que ha aumentado la denuncia de las personas que reportan haber sido víctimas de desplazamientos por agentes de la Policía Nacional Civil, que aumentó en un 2 %, al compararlo con el registro de 2018. Lo que evidencia es la necesidad –que se ha señalado en muchas ocasiones- de hacer realmente una investigación y posterior depuración de la Policía Nacional Civil, existen muchos que forman parte del Crimen Organizado y siguen en sus puestos. Debe realizarse una depuración real de estos elementos que están causando el desplazamiento e incluso tener vínculos con el Crimen Organizado”, argumentó Montti.
Y sobre el trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas, como la principal responsable de los afectados por desplazamiento forzado, Montti sugirió que esperan que puedan crear el reglamento de ley, para dinamizar la operatividad de esta institución, a puertas del primer año del decreto de ley, así como, fiscalizar de cuánto será el presupuesto de operatividad para 2021 y cuáles serán los rubros en donde se invertirá; “la responsabilidad de las víctimas no puede seguir recayendo en las organizaciones de la sociedad civil”, manifestó.
Sobre los hechos de violencia, las organizaciones registraron con mayor porcentaje las amenazas (66.8 %), amedrentamiento (25.6 %), temor por violencia (22.5 %) y extorsiones (10.7 %), en donde las víctimas reportan más de un hecho delictivo para iniciar el desplazamiento forzado interno.
Sobre los impactos destacaron el educativo, económico, afectación de ingresos, dejar su actividad laboral y la intención migratoria. Un 56.5 % dejó sus estudios debido a hechos de violencia, frente a un 43.5 % que no dejó sus estudios. Así como, un 58.5 % que dejó su actividad laboral y un 29.3 % de las personas registradas por Cristosal indicó que un detonante del desplazamiento tiene que ver con intenciones de migrar.
Mientras, Vilma Portal, gestora de Actividades Médicas de Médicos Sin Fronteras (MSF), consideró que si la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el bienestar físico, mental y social de todo individuo, más allá de la enfermedad, entonces la situación de violencia que viven estos grupos poblacionales perjudica la salud física y mental de las personas.
“Cuando buscan una atención de salud, muchas veces lo hacen por una afectación psicológica y en los centros de salud no se les brinda una atención adecuada; cuando debería ser una atención integral, tanto física y mental. Porque estas personas afectadas no se les están dando soluciones para estas afecciones que están experimentado. Junto con Cristosal y otras organizaciones que colaboramos, atendimos a más de 264 personas en salud mental y, de estas personas, el 68.6 % tuvo afectaciones por violencia” indicó Portal.
Yony Arias -responsable de apadrinamiento de EDUCO- señaló que las cifras sobre esta situación de niñas, niños y adolescentes en los centros escolares, en donde desarrollan actividades académicas, continúan y siguen trabajando y realizando esfuerzos sobre el tema del desplazamiento forzado.
“Niñas, niños y adolescentes son los que más sufren. Tenemos proyectos como Caminos Protegidos, que buscan crear entornos para las niñas y niños que son retornados. Y con el gobierno de Canadá, tenemos un proyecto con adolescentes, en donde trabajan en microemprendimientos, en una situación difícil del país”, puntualizó.
