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Organizaciones reiteran la petición de libertad de los líderes comunitarios

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), expresó : “No estamos totalmente satisfechos con la decisión de la jueza (Sensuntepeque), porque pedíamos la libertad de nuestros compañeros”. El miércoles por la tarde, la jueza decretó el “arresto domiciliar” para los líderes comunitarios y ambientalistas.

Morales agregó, “sin embargo, vemos positivo que salgan de prisión y continúen la detención provisional en sus viviendas. En tal sentido, exigimos a las autoridades correspondientes agilizar el cumplimiento de dicha resolución”.

La captura e incomunicación de los líderes comunitarios y ambientalistas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, se dio en la Comunidad Santa Marta, en enero del presente año, por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado (1989), sin que la Fiscalía contara con pruebas contundentes como ha quedado demostrado hasta hoy.

La comunidad Santa Marta y organizaciones nacionales e internacionales, han denunciado reiteradamente que los fiscales y policías “mintieron cuando les informaron que este caso no se le aplicarían las medidas del Estado de Excepción”, sin embargo, han estado incomunicados desde hace 7 meses. Sin oportunidad que sus familiares o representantes legales, tuvieran acceso para preparar su defensa técnica, tal como ha ocurrido con los más de 70 mil detenidos bajo el régimen de excepción.

Con casi 2 meses de atraso el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, acató la orden de la Cámara Penal de Cojutepeque, pues el pasado 30 de junio le mandó a realizar la Audiencia de Revisión de Medidas Sustitutivas de los ambientalistas, y que la tarde del pasado miércoles se realizó en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador.

“Exigimos el cumplimiento de dicha resolución, sobre todo, por el grave estado de salud de los prisioneros confirmado en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML). Los capturados deberán ser llevados de inmediato al Hospital Nacional Rosales, como ordena el fallo judicial”, señaló la lideresa.

“Nuestro llamado es especialmente para la Dirección General de Centros Penales, instancia que en otros casos se ha negado o ha dilatado el cumplimiento de resoluciones judiciales. Esperamos que en este caso acate con prontitud la orden judicial”, reiteró Morales.

En cuanto a la Fiscalía General de la República, Vidalina Morales la instó a “abstenerse” de apelar dicha resolución judicial, tras considerar que ha “hecho demasiado daño” en la comunidad y sus líderes, al “acusarlos sin pruebas” y someterlos a prisión en condiciones carcelarias inhumanas.

“Solicitamos desde ya a la Cámara Penal de Cojutepeque que rechaza cualquier apelación orientada a mantener a nuestro compañeros en prisión, y, a las organizaciones solidarias con Santa Marta y ADES, dentro y fuera del país, les agradecemos infinitamente su apoyo. Les pedimos que sigan acompañándonos hasta lograr la victoria definitiva de esta lucha, porque continuaremos con acciones legales contra este proceso penal injusto”, sostuvo Morales.

Alfredo Leiva, también de la comunidad Santa Marta, explicó que la Dirección de Centros Penales tiene cinco días para trasladar a los cinco ambientalistas al Hospital Nacional Rosales para el chequeo y atención médica que demandan por sus enfermedades crónicas.

“Claro, las familias previamente tendrán que depositar una fianza económica, fijada por la jueza, de 3 mil dólares por cada uno, luego pasan al hospital Rosales, donde permanecerán 5 días, donde estarán bajo custodia policial y luego, los llevarán a sus casas de habitación en donde seguirán bajo vigilancia”, informó.

“No hemos tenido acceso al dictamen médico de evaluación que hizo el IML (Medicina Legal), porque como ya hemos dicho, el caso tiene reserva. El dictamen lo recibió la jueza y sólo el abogado tuvo oportunidad de ver datos generales, pero nada en específico, porque no es parte de la resolución, por eso no ha tenido acceso ni la familia”, señaló Leiva.

Sobre este proceso de atención médica y traslado a sus hogares, Leiva, reiteró que esperan que sea a la brevedad, luego del depósito de la fianza económica para que tengan acceso sus familiares.

Igualmente, se encuentran a la expectativa del cumplimiento de la orden judicial por parte de las autoridades penitenciarias, agregó Leiva, al señalar que la “justicia en el caso de los cinco ambientalistas” ha fallado en cuanto a la independencia judicial, así como la debilidad de los requerimientos fiscales.

“Desde el principio el sistema judicial nos ha fallado continuamente, claro desconfiamos que ahora las cosas vayan a ser diferentes, por eso estamos exigiendo al sistema judicial y centros penales a cumplir el mandato de la jueza”, reafirmó.

“Siempre existe un temor que haya una maniobra de estas de centros penales, porque, aunque nos han dicho -que ellos- no están bajo el régimen de excepción, se les ha aplicado. Y tememos, que aunque ellos no tengan una condena, pueda ser que haya desde centros penales, este tipo de intenciones de no entregarlos, por eso exigimos que no se presten a este tipo de maniobras”, puntualizó Leiva.

Miguel Ventura, miembro de Comunidades Eclesiales de Base, afirmó, que desde la “visión de la fe” acompañan este proceso que la población de la comunidad Santa Marta, así como las organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos, memoria historia y de mujeres nacionales e internacionales, hayan logrado un liberación parcial de sus líderes comunitarios.

“Quiero resaltar la visión y convicción que ha tenido la comunidad de Santa Marta y todas las organizaciones que han estado firmemente confiados que la libertad de los compañeros sería una realidad. Creo que ha sido un paso significativo y creo importante hacer presente esta fuerza y dinámica, en medio de un régimen de excepción que está negando muchos derechos y muchas libertades”, afirmó.

“Esta actitud de un pueblo, de decir tenemos dignidad y en este caso nuestros derechos y libertades, por eso desde la visión cristiana y de fe, tenemos que proclamar -como dijo Jesús- el Espíritu de Dios estaba sobre él, para dar libertad a ese pueblo. Entonces, este es el momento para dar paso en este afán de obtener ese proceso de construir un país en libertad y justicia”, puntualizó Ventura. El Estado de El Salvador también se encuentra pendiente de presentar un informe sobre el caso de los 5 ambientalistas de ADES y Santa Marta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de responder a la denuncia de la “instrumentalización de la justicia”, en este caso, dicho plazo se venció el pasado 14 de agosto, informó Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, quienes presentaron este requerimiento ante este tribunal regional.

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